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Hay titulares que asustan a uno incluso antes de leer el texto que le sigue. Es lo que me ocurrió al ver que "La UE busca regular Internet para proteger a la sociedad". Conociendo cómo se las gastan los euroburócratas, eso puede significar tan sólo recortes a la libertad y mayores atentados contra nuestros más elementales derechos. No en vano, la Unión Europea (eso organización que no se admitiría a sí misma como socio debido a que no cumple los requisitos democráticos mínimos exigidos a los Estados que quieren ingresar en ella) nos ha regalado perlas tan liberticidas como la Directiva de Retención de Datos. Recordemos que dicha normativa es del agrado del Supervisor Europeo de Protección de Datos (EDPS), cuyo máximo responsable, Peter Hustinx, no descarta que sea anulada por los tribunales de justicia.
La comisaria europea de Sociedad de la Información y Medios de Comunicación, Viviane Reding, ha entrado en esa dinámica dialéctica, típica de los burócratas con ansias de regular a la sociedad e incapaces de dejar que esta se desarrolle sin dirigismos políticos, consistente en utilizar bonitas palabras para defender el intrusismo de los poderes públicos en la esfera de la sociedad civil. Reding dice que quieren protegernos, no recortarnos la libertad de expresión. Esa misma "protección" es la que invoca Bruselas para imponer una retención de datos que viola nuestro derecho a la intimidad y al secreto de las Telecomunicaciones.
Una vez más, vemos que con la excusa del bien común (defensa de los "valores sociales básicos", "libertad para proteger la sociedad"...) en realidad lo que se busca es la defensa de unos intereses particulares. En este caso los de las televisiones tradicionales y los productores europeos de contenidos televisivos o cinematográficos. Si de paso se coartan algunos derechos de los ciudadanos no pasa nada, lo hacen para "protegernos".
A diferencia de las televisiones tradicionales, las que emiten por Internet no están sujetas a las restrictivas normas de los estados miembros de la UE ni a la directiva comunitaria de "Televisión sin fronteras", que imponen cuotas mínimas de emisión de contenidos de producción nacional y europea. Todos los gobiernos de los Estados miembros, y no digamos los euroburócratas, quieren terminar con esta situación. Menos mal que no se ponen de acuerdo en cómo hacerlo. Las diferencias están en el grado de intervencionismo. El grupo que busca imponer la legislación más restrictiva está encabezada, como no podría ser de otro modo, por Francia. En el extremo opuesto se sitúan el Reino Unido y España (esperemos que se mantengan firmes. Aunque negativa, poca intervención siempre es menos mala que mucha).
Para justificar sus ansias intervencionistas, la comisaria europea recuerda que la justicia francesa prohibió las emisiones en su país de la cadena televisiva Al-Manar, propiedad de la organización terrorista Hizballá. El de esta emisora es un caso que conozco, puesto que colaboré en la campaña destinada a lograr que Hispasat dejara de emitir la señal de dicho medio de comunicación hacia América (algo que se logró). No tiene nada que ver con legislación sobre televisión y sí con los códigos penales. Al-Manar dedica toda su programación a la justificación y la apología del terrorismo, así como a la difusión del antisemitismo, todo ello prohibido en casi toda Europa.
No. Doña Viviade Reding y otros euroburócratas, así como muchos políticos de los Veinticinco, lo que pretenden es recortar nuestra libertad de elección y restringir la libertad de expresión en la Red. Dicen que nos quieren proteger, pero tan sólo buscan controlarnos y, de paso, ayudar a ciertas empresas a las que les viene mal mayores cuotas de libertad.Antonio José Chinchetru es autor de Sobre la Red 2.0.
Nota: El autor autoriza a todo aquel que quiera hacerlo, incluidas las empresas de press-clipping, a reproducir este artículo, con la condición de que se cite a Libertad Digital como sitio original de publicación. Además, niega a la FAPE o cualquier otra entidad la autoridad para cobrar a las citadas compañías o cualquier otra persona o entidad por dichas reproducciones.
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