El consenso es elogiado incesantemente, y ha dado lugar a la legislación en materia de inmigración propuesta. Pero el consenso es la madre de todas las complejidades, lo cual, por lo que se refiere a la inmigración, garantiza virtualmente –como comprenderá el público– la negligencia al hacer cumplir la ley y la débil implementación de las normas. Aunque el Consenso se anunció el día que la Oficina del Censo informaba de que ahora hay 100 millones de no blancos en América, los americanos son escépticos con la inmigración, pero no porque de pronto hayan sucumbido al nativismo. En su lugar, el público ha llegado a la colusión lentamente de que no se puede confiar en que el gobierno diga en serio lo que dice sobre inmigración.
En 1986, cuando probablemente había de 3 a 5 millones de inmigrantes ilegales, los americanos aceptaron una amnistía porque se les prometió que el control de fronteras seguiría a continuación. Hoy hay 12 millones de inmigrantes ilegales, el 60 por ciento de los cuales lleva aquí cinco años o más, son tan numerosos como los habitantes de Pennsylvania; 44 estados tienen poblaciones inferiores a los 12 millones. Deportar a los 12 millones exigiría recursos y métodos policiales de los que la nación reniega acertadamente. De modo que, ¿por qué no dejar lo malo así? Concentrarse en el control fronterizo y la implementación de la ley de empleo, facilitados por una tarjeta de identificación biométrica extendida a inmigrantes que están aquí o que llegarán aquí, legalmente. Trata el problema de los 12 millones con una negligencia benigna. Sus hijos nacidos aquí son ciudadanos americanos; los padres de estos hijos dejarán de existir.
Bajo la presión política de la inmigración, América está importando otra subclase "con el potencial de expandirse indefinidamente", según Heather Mac Donald, del Instituto Manhattan. Para aquellos sentimentalistas que se aferran al "mito del poder redentor de los valores familiares hispanos, la ética laboral hispana, y la virtud hispana", dice Heather: de 1990 al 2004, los hispanos explican el 92% del incremento en la cifra de pobres. Solamente el 53% de los hispanos logra el diploma del instituto, la cifra más baja entre los grupos étnicos americanos. La mitad de todos los hijos nacidos de padres hispanoamericanos en el 2005 nacieron fuera del matrimonio, una señal fiable de patologías sociales.
Presuntamente la legislación cambiaría la política de enfatizar la unificación familiar a hacer hincapié el criterio económico (las habilidades) cuando se fija la aptitud de los inmigrantes. Los críticos dirán que separa a las familias. Pero la separación ya ha tenido lugar; fue llevada a cabo por los inmigrantes ilegales que dejaron atrás a familiares y son libres de reunirse con sus familias donde las dejaron.
En cualquier caso, el presunto cambio de enfatizar las relaciones familiares –un énfasis que acaba en "migración en cadena"– hacer hincapié en los méritos económicos podría ser enervado hasta la inexistencia. Es altamente sospechoso que hubiera prisa –detenida, por fortuna– por aprobar la legislación en ambas cámaras y llevarla a la conferencia, donde la mayoría de participantes serán Demócratas ansiosos por cortejar votos hispanos. Algunos Demócratas argumentan que el tambaleante logro del progresismo, el Estado del Bienestar, exige políticas de inmigración progresistas. El argumento es: hoy solamente hay 3,3 trabajadores por cada jubilado. En enero, el primero de los 77 millones de hijos del baby boom empieza a jubilarse. Para cuando se hayan jubilado en el 2030, habrá 2,2 trabajadores por cada jubilado –pero solamente si la mano de obra es reabastecida mediante 900.000 inmigrantes al año.
El lunes, sin embargo, Robert Rector, de la Heritage Foundation, sorprendía a algunos senadores que escuchaban su argumentación de que seguir importando a población de baja cualificación, bajo la inmigración basada en la familia, costará al estado del bienestar mucho más que las contribuciones de los inmigrantes a la economía y el gobierno. Argumentaba que los inmigrantes de baja cualificación son caros para el estado del bienestar en cada momento de su ciclo vital, y son muy caros cuando envejecen. Solamente los 9 a 10 millones de ilegales adultos ya aquí, si se les concede la amnistía, supondrán un coste medio de 300.000 dólares –que sumados serán más de 2,5 billones de dólares– en diversas prestaciones sociales (seguridad social, cartillas de alimentos, Medicaid, vivienda pública, etc.), a lo largo de 30 años.
Para aquellos que afirman que el control fronterizo es imposible –con frecuencia las mismas personas que afirman que un control policial más estricto no podía reducir el crimen sustancialmente, hasta que finalmente lo logró– una respuesta es: solamente llevó 34 meses al Proyecto Manhattan progresar de la creación de la ciudad de Oak Ridge en el campo yermo de Tennessee hasta la explosión atómica de Alamogordo, N.M. Eso es lo que logra América cuando se pone seria.
En una tentativa por anestesiar a las personas que sensatamente dicen "el control fronterizo y laboral primero", importantes provisiones de la legislación supuestamente serían "activadas" solamente cuando el control de la frontera sea "certificado" por el presidente. Pero en lo que parece una parodia de la mentalidad de Washington, la certificación no sería accionada por el control de fronteras, sino por la contratación de agentes fronterizos y demás gastos. De modo que los aspectos supuestamente bien pensados de la legislación dependen en realidad del engaño de que el gasto es igual al logro de la intención que movió al gasto. Según esa premisa, hace mucho que hemos democratizado y pacificado Irak.
