La llamada "mala" distribución del ingreso se debe a la baja participación laboral, consecuencia de leyes y prácticas socialistas que encarecen el tener trabajadores.
La lista comienza con el salario mínimo (alto para pobres de baja productividad) y sigue con las indemnizaciones, descuentos ligados a los sueldos, líos laborales, impositivos, judiciales y de salud y, en fin, todos los dolores de cabeza en torno a baños, salas cuna, fumar, comer, acosos, etcétera.
Agregue la Ley de Subcontratación y la persecución estatal, policial y municipal a todo el que emprenda, compre o venda algo, formalmente o en la calle, en su casa o al lado de un centro comercial, y entenderá por qué en Chile trabajan unos dos millones de personas menos, en proporción de lo observado en otros países. Agregue la mala educación –por la falta de competencia y las regulaciones–, el proteccionismo del Gobierno a grupos de ricos, que encarece el crédito, los alimentos, la ropa usada, los autos populares, el Transanlagos que duplicará el valor del pasaje y otras prácticas socialistas de persecución de pobres, como la congelación del número de taxis y de patentes de alcohol o el encarecimiento artificial del metro cuadrado de vivienda.
Interesa destacar la planificación de jornadas y salarios de la política del ministro del Trabajo, disfuncional al mundo moderno, el desarrollo, el empleo, la competitividad y los intereses del pueblo. Se vuelve a la patraña marxista de lucha de clases y explotación, de un siglo y medio atrás, y acentuamos el Estado benefactor, que concluye en estancamiento y plata oficial para los más pudientes, como ya lo vimos en la educación universitaria gratuita aristocratizante, los préstamos hipotecarios sin reajustes a ricos y la explotación previsional a los obreros, junto a las jugosas y tempranas jubilaciones de los llamados empleados, "perseguidoras" incluidas.
El ministro del Trabajo chileno, Osvaldo Andrade, parece querer llegar, pautado por la Central Unitaria de Trabajadores, a grandes centrales de "trabajadores" que nada tienen que ver con los pobres, los inactivos, las condiciones localizadas de cada empresa ni la democracia liberal. Resurge el gran consejo económico-social, en una suerte de corporativismo, para sustituir a la democracia de partidos políticos y parlamentarios.
En una sociedad moderna, que respete la libertad y los derechos humanos, el Estado debe velar por el cumplimiento de los contratos pactados libremente, mediante un aparato judicial y policial de verdad. Los salarios están determinados por la productividad y ambos aumentan, casi mecánicamente, con el crecimiento. ¿Para qué sirve un Ministerio del Trabajo? ¿Alguien todavía cree que las remuneraciones se fijan por ley? Estos ministerios significan más impuestos, menos salarios, pegas y desarrollo; más pobreza, en especial de mujeres, jóvenes, viejos, discapacitados y pobres poco calificados. Hay que cerrarlos, reivindicar los contratos libres y sancionar al que no los cumpla. Lo que sirve a los pobres es la libertad de contratación y negociación, individual o de sindicatos en cada empresa.
Es increíble que en el siglo XXI no se vea ni entienda que los mercados libres tienden siempre al equilibrio, lo que en lo laboral significa pleno empleo. Es como no ver la mayor pobreza de los hijos sin padre, o la que resulta del robo y crimen derivados de la prédica oficial de no respeto por las instituciones, la propiedad ni el prójimo.
