En esta legislatura en la que el Gobierno se jacta de haber ampliado el espectro de los "derechos civiles", se ha producido en cambio un ataque a un principio tan básico como es el de la presunción de inocencia. Lo comentaba el otro día Antonio José Chinchetru; el presidente de la SGAE asume que quienes tenemos un ordenador somos culpables por defecto de bajarnos música y película, y al ley y el canon así lo reflejan. No es el único caso. También en lo que se refiere a las empresas, se considerará culpables de discriminación a las que no cumplan con las cuotas de sexos entre sus empleados mientras no demuestren lo contrario, algo prácticamente imposible, como demuestra la experiencia de Estados Unidos.
Parece que medio año después del previsto se va a aprobar la cuantía del canon y la identificación de los dispositivos en los que se va a aplicar. El objetivo final de la SGAE es cobrar cuatro veces por la misma descarga, con un canon a la conexión a Internet, otro por el disco duro donde se almacena temporalmente, otro por el dispositivo con el que se graba en un soporte óptico y, finalmente, el clásico canon a los CD y DVD. Y si las descargas se hacen en tiendas de música como iTunes, pues entonces ellos seguirán cobrando y, además, pagaremos directamente. Es que hay presunción de culpabilidad, ¿saben ustedes?
Finalmente, parece que la cuantía no será exagerada, al menos en lo que se refiere a los aparatos, y se situará entre el 2 y el 5% del precio, que es lo que pedía la industria. No se sabe nada (o, al menos, yo no lo sé) sobre los soportes digitales, donde ese porcentaje podía exceder la mitad del precio de los DVD. Otra cosa es la inclusión de determinados aparatos en la lista.
No me sorprende demasiado que se vayan a gravar los móviles. Cada vez es más frecuente que se pueda escuchar y descargar música con ellos, y no digamos nada cuando empiecen a proliferar iPhones y sus diversos clones. De hecho, cada vez es más desagradablemente habitual que muchos idiotas vayan escuchando música en el metro y en la calle en los altavoces de sus móviles, como si no existieran los auriculares y los demás tuviéramos la obligación de escuchar bachatas. Aunque, eso sí, cabría desear que se discriminara entre los aparatos que disponen de esa función y los que no.
Lo que, en cambio, no tiene ningún sentido, se pongan como se pongan, es al gravar las cámaras de fotos digitales, que todo el mundo sabe que se usan principalmente para almacenar películas y música. Tampoco las tarjetas de memoria, pues es evidente también que no es ese su propósito principal, ni siquiera según la teoría de la presunción de culpabilidad elaborada por el prestigiosísimo penalista José Luis Borau.
Como ven, he procurado ser de lo más razonable en este artículo. No he calificado de atraco a mano armada (la del Estado), el hecho de que se asuma que debamos pagar por obligación a una asociación especializada en la extorsión de los ciudadanos. No he hablado de la caradura de quienes quieren vivir de la sopa boba. He dado por supuesto que la implantación del canon es un hecho razonable, aunque no lo sea, y he seguido la lógica detrás del mismo para analizar lo que sabemos del canon que nos van a implantar. Y oigan, es que ni con esas.
