Aun si supusiéramos que el calentamiento global es un hecho y que es debida al aumento en la concentración de gases de efecto invernadero debido a las emisiones resultado de las actividades humanas, adaptarse a las nuevas temperaturas resultaría mucho más barato que intentar prevenir ese cambio. Desde que el hombre está sobre la tierra, el clima ha cambiado notablemente, en una u otra dirección, y la humanidad siempre se ha adaptado. ¿Cómo no íbamos a poder hacerlo ante un posible aumento de las temperaturas que, para más inri, traería numerosos beneficios en diversas áreas como la producción agrícola?
Sin embargo, parece como si la temperatura ideal fuera la que disfrutaba Al Gore cuando comenzó a interesarse por este asunto y cualquier variación sobre ese estándar es un riesgo para la humanidad. Pero dado que resultaba difícil convencernos de que debíamos renunciar a una buena parte de nuestro crecimiento económico y condenar a nuestros hijos a una vida más pobre de la que podrían haber disfrutado sin el racionamiento de las emisiones de CO2 –que con nuestra tecnología actual equivale a una limitación a nuestras capacidades industriales y de transporte–, la marea rojiverde se sacó de la manga una nueva excusa: sí, los países ricos saldrían ganando si se limitaran a adaptarse a las temperaturas más altas, pero los países pobres carecen de recursos para lograrlo, con lo que les estaríamos condenando con nuestro egoísmo a calamidades futuras sin cuento.
Sin embargo, los costes de esa prevención empiezan a hacerse notar ahora y, como cabía esperar, han tenido un impacto mucho mayor en los países más pobres. Los biocombustibles, publicitados como una forma de reducir las emisiones de dióxido de carbono, han sido una de las causas del aumento en el precio de diversos productos agrícolas, dado que una parte creciente del terreno cultivable se está dedicando no a producir comida sino etanol con el que alimentar los depósitos de los coches. Los gobiernos occidentales, siempre dispuestos a acariciar el lomo de sus lobbys agrícolas y ecologistas, han subvencionado y continúan promocionando esta absurda moda de cultivar alimento para quemarlo luego en los motores.
Josep Borrell, en su intervención en la reciente cumbre de la FAO, ha asegurado que el objetivo político del Parlamento Europeo al que representaba es "alimentar a un 50% más de seres humanos y reducir un 50% las emisiones de CO2 de aquí a 2050". Es decir, que prevenir un hipotético problema para el que sería mejor adaptarnos si sucediera y cuando lo haga será el lastre que tendremos que arrastrar a la hora de solucionar los problemas de carencia de alimentos que están teniendo lugar ahora y que afectan principalmente a los más pobres. He ahí el resultado de la dictadura de las buenas conciencias: más hambre.
Resulta que los liberales somos personas sin alma porque se la hemos vendido a un imaginario dios llamado libre mercado, mientras que socialistas, ecologistas y demás buenas gentes lo hacen todo por el bien común. Sin embargo, es en los mercados en los que la intervención política es más alta –siempre con buenas intenciones, claro– los que tienen mayores problemas. El agrícola, el energético, el de la vivienda… todos ellos mercados intervenidos y regulados hasta la médula, con consecuencias funestas, especialmente para quienes menos tienen. Pero no crean que eso les hará recapacitar, y mucho menos pedir perdón. No, lo que harán será insistir en que los graves errores de sus políticas son en realidad culpa del mercado. No tienen remedio.