Por mucho que insista en minimizar la crisis económica que padecemos, Zapatero no ha tenido más remedio este lunes que revisar a la baja su última previsión de crecimiento para 2008 situándola "por debajo del 2%", frente al 3,3% que el Gobierno mantenía todavía en diciembre y el 2,3%, que era la última previsión oficial del Ejecutivo. Con todo, los datos del primer trimestre avanzan un crecimiento máximo del 1,2%, con lo que el error de cálculo se aproxima a los 23.000 millones de euros; y eso, si dejamos al margen los indicadores que apuntan a que el crecimiento del PIB en 2008 podría ser incluso menor al 1 por ciento.
Frente a esta forzada y parcial asunción de la gravedad de la situación, Zapatero ha anunciado un "plan de austeridad" que pasa por la congelación de los salarios de los altos cargos y una reducción de la oferta de empleo público del 70 por ciento en 2009. El Gobierno también reducirá los aranceles de notarios y registradores en un 20% en 2009 y "privatizará" parcialmente el gestor aeroportuario Aena, con la entrada del sector privado e incorporando a las comunidades autónomas en su gestión. Asimismo, el Gobierno pretende ampliar los créditos del ICO para pymes y viviendas de protección oficial a 35.000 millones de euros durante 2009 y 2010 y la financiación del plan renove de viviendas, edificios e instalaciones turísticas con 2.500 millones al año.
Por mucho que las medidas orientadas a reducir el gasto público vayan en la buena dirección, el plan de austeridad del Gobierno es clamorosamente insuficiente. En lugar de comprometerse a reducir el gasto corriente, a lo máximo que ha llegado el compromiso de Zapatero es que su incremento no superará el 2 por ciento. La congelación de los salarios de los altos cargos –medida ya anunciada por el gobierno de Esperanza Aguirre– es, sin embargo, de escasa cuantía si tenemos en cuenta lo que son los salarios de los funcionarios en general. Por otra parte, la política de inyectar dinero público a través de créditos blandos no sólo es contradictoria con esa necesaria austeridad, sino contraproducente en un momento en el que, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la competencia desleal y subvencionada de la vivienda pública puede ser mucho más perjudicial para la que opera en mercado libre.
Si el Gobierno quiere ayudar a las empresas, que lleve a cabo algo que todavía brilla por su ausencia como es una política clara y ambiciosa de reducción de impuestos. Eso, por no hablar de algo que a estas alturas también sigue siendo una incógnita como son las reformas estructurales, especialmente las encaminadas a liberalizar el mercado laboral, que Zapatero ha dejado al albur de un consenso sine qua non entre patronal y sindicatos.
Lo único claro de este Gobierno es su afán de no hacer nada impopular, y por ello ni llama crisis a la crisis, ni toma medidas de fondo que puedan alterar los intereses del statu quo. Y es que a nadie le debería sorprender que el Gobierno adopte tan escasas soluciones, siendo tan escasa la gravedad que concede al problema.