El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido aceptar la recusación contra el magistrado Pablo Pérez Tremps, quien no podrá finalmente intervenir en los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán. Como recordarán los lectores, este magistrado, así como el marido de la presidenta del Tribunal, Jesús Leguina, fue contratado por la Generalidad para la elaboración de un informe de asesoramiento para la redacción del Estatuto, objeto de la causa.
En estos tiempos en los que, como decía Orwell, "hay que defender lo obvio", y hasta celebrar como extraordinario lo que no deja de ser el normal funcionamiento del Estado de Derecho, no podemos dejar de mostrar nuestro respaldo a una resolución que ha tenido en cuenta la forma tan clara en la que este magistrado había incurrido en una de las causas de abstención o recusación contempladas en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como es la de haber "desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito".
Ahora bien, precisamente porque esta recusación era de libro, no podemos dejar de señalar –y criticar– los cinco votos discrepantes de cinco magistrados de "tendencia progresista", así como la anterior resolución judicial de ese Tribunal, en la que no se admitió la recusación de la presidenta María Emilia Casas. Aunque en este caso no fuera ella, sino su marido, quien también cobró y participó en el informe encargado por la Generalitat, su vínculo matrimonial debería haber sido tenido en cuenta, no ya por aquella máxima romana sobre "la mujer del César", sino por la causa número 10 de recusación de ese mismo artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como era y es la de "tener interés directo o indirecto en el pleito o causa".
En cualquier caso, y dando por descontada la honorabilidad de todos los magistrados –incluido el recusado–, no podemos dejar de denunciar las presiones que el frente social-nacionalista, con el Gobierno de Zapatero a la cabeza, vienen haciendo desde el primer día para que este Tribunal también considere ese Estatuto "limpio como una patena". Más aun, en unos tiempos en que ese mismo Gobierno, con Zapatero a la cabeza, no quiere romper con una organización terrorista, que ha exigido hasta por escrito que "ninguna Constitución, ni ley, ni ordenamiento jurídico sea obstáculo" para su chantajista "apaciguamiento".
