La magistrada, presidenta de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, adoptó esta decisión cuando el acusado, Fernando González Rodríguez, expresó su intención de "'falar' en lengua asturiana", y aseguró que, de no poder utilizarla, renunciaría a su derecho a declarar durante la vista, en la que se enfrentaba a ocho años de cárcel por colocar, en septiembre de 2005, un artefacto explosivo en la sede del PSOE de Infiesto (Asturias).
"No es lengua cooficial"
"No tiene derecho a hablar en la lengua que le dé la gana a usted", le advirtió la juez Murillo antes de convenirle que debía expresarse en castellano porque es "el idioma oficial" y lo conocía "perfectamente". La decisión de la presidenta provocó que la defensa del acusado presentara una protesta ante el tribunal, al que acusó de vulnerar el artículo 24 de la Constitución por no permitir a su cliente "expresarse en su propia lengua".
Posteriormente, la letrada del independentista, Begoña Lalana, solicitó un receso para intentar que su cliente reconsiderara su decisión de no declarar, aunque éste se mantuvo en su posición. Así, a la pregunta del fiscal Miguel Ángel Carballo de si ratificaba su declaración policial, contestó "sí, ratifícola", lo que motivó que la jueza le impidiera seguir declarando en bable y le dijese nuevamente que "no le entendía".
La vista, que fue aplazada hasta el próximo 29 de enero cuando se practique la prueba pericial, los agentes que detuvieron al acusado explicaron que le seguían desde 2003 para investigar si podía estar prestando apoyo a miembros de ETA, ya que durante una estancia en la cárcel de Villabona conoció a integrantes de esta organización terrorista y alojó en su domicilio a algunos de sus familiares que acudían a visitarles.