Calvo, Gámez, Montero, Ribera, Díaz, Bolaños: los apellidos de las mujeres de un jaleo andaluz

Carmen Calvo, genio y figura de la atónita Cabra, vicepresidenta de este gobierno "monstruo" en los que los ministros se devoran los unos a los otros, está a punto de ser declarada persona non grata para toda una provincia, la de Jaén, que la acusa de un "dedazo" que alteró la decisión de instalar un proyecto logístico del Ejército de Tierra en Jaén. Según el PSOE de Córdoba, Calvo pidió personalmente a Pedro Sánchez que fuera trasladado a Córdoba. Y lo fue. Un dedazo contra la ecuanimidad y el cumplimiento de los criterios.

Tras la barrabasada, el PSOE de Jaén, que estaba dejando de apoyar a Susana Díaz, ha tenido que acusarla de favoritismo. Pero tras él, Jaén Merece Mas, que agrupa a una centena de asociaciones, pide su declaración de persona non grata para toda la provincia de Jaén y remite su petición al Ayuntamiento y la Diputación, ambos en manos del PSOE. El Mundo aporta su escrito:

De un dedazo, la vicepresidenta del Gobierno ha humillado, despreciado y cercenado sin compasión el desarrollo que a Jaén se le debe para revertir el hecho de ser el territorio español con mayor paro de España y la provincia que prevé perder más de cien mil habitantes antes de 2040.

María Gámez, nada menos que directora de la Guardia Civil, se está viendo enredada en el caso Isofotón, con el que indudablemente tuvo que tener relación. El PP andaluz, cercado por el caso Bárcenas, ha sacado los dientes y su coordinador general, José Ramón Carmona, ha puesto sus garras en la figura de Gámez.

Recordaba Carmona, y recoge La Razón, que "el caso Isofotón es un ejemplo más de la etapa más oscura del Gobierno socialista en Andalucía y empieza a tener claras responsabilidades políticas". Y luego recuerda que María Gámez fue primero delegada de Innovación y después delegada del Gobierno andaluz en Málaga en la etapa en la que se concedieron ayudas a Isofotón, sin que la ahora jefa de la Guardia Civil controlara nada.

El caso Isofotón, nada menos que 80 millones de dinero público concedidos a la empresa cuando estaba en descomposición, ya ha contaminado a la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que además de proponerle a Pedro Sánchez para la SEPI a quien resultó ser imputado por prevaricación en el caso Aznalcóllar, Vicente Fernández Guerrero, estuvo en la reunión en la que se concedieron los dineros a Isofotón. Con el ministro Luis Planas, por cierto.

Tampoco queda libre de sospechas, como contamos no hace mucho, Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del gobierno de Sánchez, que fue contratada por Isofotón tras la recepción de 8 millones de euros de la Junta, borró de su currículo su presencia en la empresa y dijo haber sido contratada en 2012 para la expansión internacional de la empresa, que estaba en crisis, y que al no conseguirlo, se fue en 2013.

Lo de Susana Díaz ya es un clásico. Nadie subió tal alto en tan poco tiempo y nadie tampoco se pegó un costalazo de calibre nacional en sólo un pispás. Desde aquellas primarias contra Pedro Sánchez, que perdió, no levanta cabeza aunque lo ocurrido en Jaén con Carmen Calvo le ha proporcionado un poco de oxígeno. Pero durará poco. Ya dura poco.

Por parte de Ciudadanos, Juan Marín asesta un golpe moral a la socialista recordando que le propuso presentar una Ley contra el fraude y la corrupción, cuando la apoyaban en la Junta, y se negó. Ahora que Cs y el PP, con Vox al fondo, la presenta, el PSOE dice que no es el momento por lo de la pandemia. Y pregunta Marín: "¿Cuándo es el momento oportuno?".

Además del acoso sutil pero persistente al que la someten los sanchistas andaluces –unas veces exhibiendo candidatos para sucederla y otras redactando manifiestos contra su continuidad–, ella misma se mete en jardines imposibles de cruzar. Por ejemplo, este jueves acusaba al gobierno andaluz de no haber evitado muertes por la pandemia y su gestión, pero se olvida de los miles de muertos que pudieron salvarse de haber sido otra la gestión del ministro Illa y el presidente Pedro Sánchez.

Y para terminar, la jueza María Núñez Bolaños, de nuevo en el candelero tras haber pactado a gritos con su juez de apoyo, José Ignacio Vilaplana, su retirada de la instrucción de los macrocasos de corrupción. Su instrucción fue tan deficiente profesionalmente y tan sospechada políticamente, que hasta seis fiscales anticorrupción pidieron castigo para ella.

Tras la "investigación" del CGPJ, llegó el pacto. No habría castigo pero tampoco seguiría con los macrocasos que serían instruidos por su juez de refuerzo. Las defensas vieron en este movimiento un amparo y se acogieron a su derecho al juez natural, o sea, Bolaños, según ellos , y recurrieron al CGPJ.

La respuesta llegó este jueves. La juez titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla no instruirá los macrocasos que van desde los 114 sumarios desgajados del caso principal de los ERE al caso del fraude de la formación y otros más como la FAFFE, la agencia IDEA o el caso Avales.

Este fue el acuerdo del CGPJ con un solo voto en contra: el de Álvaro Cuesta, miembro de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial desde el año 2013 a propuesta del PSOE, diputado socialista desde las elecciones generales del 28 de octubre de 1982 por Asturias hasta el año 2011. Antes había sido concejal del Ayuntamiento de Oviedo.