Fue todo un ex presidente de la Junta como Manuel Chaves, condenado en el caso ERE y pendiente de recurso, el que dio fama al procedimiento de ir a una Comisión de Investigación, sentarse, hablar sólo él y levantarse e irse sin escuchar siquiera las preguntas de los diputados de la Comisión. Fue una espantá.
Eso puede salir 60.000 euros más caro de prosperar la reforma del Reglamento del Parlamento andaluz que contempla poder multar con esa cantidad a quien haga un Chaves o se ausente de sus reuniones sin motivo justificado.
La reforma que presentó ayer su impulsora, la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, de Ciudadanos, prevé que pueda multarse hasta con 60.000 euros al compareciente citado en una comisión parlamentaria de investigación que incumpla la obligación de "declarar y contestar a las preguntas que se le formularen en relación con el objeto de la investigación de modo completo y adecuado.
A pesar de que parece claro, no lo es porque tiene que admitir la excepción de que "concurra causa legal que ampare su derecho a prestar silencio o no declarar contra sí mismo". O sea. Y, además, el citado a declarar podrá alegar ante la Mesa del Parlamento para lograr su propósito de no declarar o asistir. Aún con estas salvedades, los Servicios Jurídicos de la Cámara recomiendan multar a quien no responda a las preguntas y por la vía de apremio.
Hasta ahora y desde 2012, resume Europa Press, el compareciente era advertido por el presidente de la Comisión "de lo establecido en el artículo 502.3 del Código Penal para el que, convocado ante una Comisión parlamentaria de Investigación, faltare a la verdad en su testimonio".
Además, advertía de que "de las incomparecencias o presuntos falsos testimonios que pudieran ponerse de manifiesto en el dictamen de la Comisión de Investigación, la Mesa del Parlamento, a través de su Presidencia, dará traslado al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda".
Pero con esa normativa las espantás se han producido así que Bosquet considera que es más eficaz el hecho de que se recoja en el Reglamento la "advertencia" a los futuros comparecientes de la posibilidad de ser multado si se inhiben ante una comisión de investigación parlamentaria y que sea la Mesa del Parlamento la que apruebe la sanción.
La presidenta del Parlamento defiende la multa porque se tiene que acabar con lo que podrá germinar siendo la costumbre de llegar a la Comisión, decir "Buenos días" e irse. Bosquet cree que es legal que quienes repitan estos comportamientos sean multados porque se dirimen responsabilidades políticas y no penales. En caso de que un compareciente alegue, será la Mesa la que decida si "su excusa es legal".
Las ‘espantás’ más sonadas
La primera, aunque no la más sonada, fue la del ex alcalde de Camas y ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas. Fue en 2016. Rivas fue quien iba a inaugurar las sesiones de la Comisión de Investigación sobre el fraude con las subvenciones de formación para el empleo.
Pero Rivas realizó un breve discurso y dijo acogerse a su derecho a no responder pregunta alguna. Luego abandonó la sala dejando con la palabra en la boca y muy indignados a los componentes de la Comisión. Su espantá fue muy llamativa porque, no sólo reclamó su derecho a no contestar, sino que se fue de la sala sin escuchar las preguntas.
Con todo, la más sonada fue la de Manuel Chaves, ex presidente de la Junta. Cuando dijo que acudiría a la Comisión, se creyó que desautorizaba la estrategia del PSOE de no acudir a la Comisión de Investigación de la FAFFE, pero hizo algo peor: desautorizar al Parlamento y desafiar la legalidad una vez que había admitido que había sido citado formalmente a la misma, algo que no reconocieron ni Griñán ni Susana Díaz.
La actitud de Griñán y Díaz es algo que no aclaraba suficientemente el reglamento del Parlamento ni las precisiones elaboradas en 2012 sobre el funcionamiento de una Comisión de Investigación en el Parlamento andaluz. Contrastaba este comportamiento con la que se exigía a otros partidos, por ejemplo, al PP en la Comunidad de Madrid en otras Comisiones de Investigación.
Lo que no se contemplaba en ninguna parte es que un compareciente pudiera levantarse e irse sin más sin permiso de la Mesa. Por ello, Vox presentó una querella en el juzgado de guardia contra Chaves que luego quedó en nada.
Pero ha sido el menosprecio de Susana Díaz hacia la Comisión de la FAFFE el que parece haber urgido la reforma del Reglamento del Parlamento. Susana Díaz y tres de sus exconsejeros se negaron en 2019 a recoger las citaciones correspondientes para comparecer en la Comisión de Investigación parlamentaria sobre el caso de la Fundación Andaluza para el Fondo de la Formación para el Empleo.
Hace sólo unos días, la comisión de investigación sobre la corrupción en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) del Parlamento de Andalucía era plantada otra vez por la expresidenta de la Junta y actual senadora, Susana Díaz.
Estaba citada para el viernes 5 de noviembre a las 8.30 horas, poco antes que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández que tampoco acudió a la cita. La citación coincidía con la víspera del Congreso Regional del PSOE-A, que se celebró en Torremolinos (Málaga) durante el pasado fin de semana.
Según la expresidenta socialista de la Junta la citación no había sido notificada fehacientemente. De hecho, Susana Díaz comunicó que no iba a asistir por no haber recibido la notificación formal, aunque expresó su voluntad de comparecer cuando fuese notificada formalmente.
En realidad, se le envió la notificación con la antelación debida (ya que tiene que ser notificada al menos quince días antes de la cita en la comisión) tanto a su domicilio como al Senado. Tras la comunicación que ha trasladado Susana Díaz, la comisión ha decidido remitirle una nueva notificación para citarla en otra fecha
Hasta ahora ninguno de estos comportamientos ha tenido sanción, algo que parece querer evitarse en adelante.