Una de las piezas de la macrocausa que investiga las irregularidades que se detectaron Invercaria, la empresa de capital de riesgo vinculada a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), tendrá que juzgarse a mediados de 2022 al haberse suspendido el juicio que tenía previsto iniciarse esta semana.
Esta pieza de uno de los principales casos que está juzgando la maraña de corrupción generada durante los distintos gobiernos socialistas en Andalucía corresponde al préstamo de 100.000 euros concedidos por Invercaria a la sociedad gaditana Lolita Canalla. Esta empresa textil constituida en Tarifa el 12 de julio de 2005 con un capital de 3.006 euros contaba unos meses después, en febrero de 2006, con un capital social de 55.000,80 euros según la Fiscalía.
Fuentes del caso consultadas por Europa Press han señalado que la suspensión del juicio que se iba a iniciar en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla se debe a la que la acusada María Malo, antigua administradora de la empresa Lolita Canalla y que actualmente reside en Bali (Indonesia), ha alegado que se ha infectado de coronavirus. El juicio está previsto que se inicie el próximo 18 de mayo.
La Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación también presenta cargos contra el expresidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, que fue condenado a tres años y medio de cárcel por un préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis, a dos años y tres meses de prisión por los gastos de personal de la citada entidad y a tres años y un día de cárcel y seis años y un día de inhabilitación absoluta por el préstamo participativo de 300.000 euros concedido a la empresa jiennense Fumapa.
En esta ocasión el Ministerio Público reclama para Pérez-Sauquillo seis años de prisión y diez de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos y otros diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, con relación al préstamo de 100.000 euros otorgado por Invercaria a la sociedad Lolita Canalla.
La antigua administradora de esta empresa textil se enfrenta por los mismos delitos a dos años y medio de cárcel y once años de inhabilitación y para su jefe de publicidad y comunicación, Ignacio Jarillo, que fue la persona encargada de las gestiones y conversaciones con Invercaria para la consecución del préstamo y quien se encargó de elaborar la documentación que se entregó a la sociedad y de mantener las reuniones con sus responsables. Además, pide que los tres acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria a la agencia IDEA en la cantidad de 100.000 euros.
"Fue decisiva la relación de amistad y vecindad"
La Fiscalía expone que Lolita Canalla contaba se encontraba "en una situación financiera y económica delicada que le hizo acudir a diversas vías de financiación" porque tenía que devolver unos préstamos con entidades financieras que ascendían a un total de 1.194.000 euros. La empresa fue disminuyendo "progresivamente tanto su valor como sus ventas" hasta el punto de que en 2008 liquidó por concepto de IVA 47.016,07 euros.
En el año 2009 depositó las cuentas "fuera de plazo" y "se encontraba en causa legal de disolución a la fecha de solicitar el préstamo y de iniciar los contactos" con Invercaria, argumenta el escrito de la Fiscalía. Desde el Ministerio Público se destaca que "fue decisiva la relación de amistad y vecindad" que mantenía Ignacio Jarillo con Pérez-Sauquillo para acceder al entorno de esta sociedad vinculada a IDEA.
Antes de febrero de 2009, Ignacio Jarillo solicitó una reunión con el expresidente de Invercaria, "cita solicitada y atendida gracias a la relación antedicha", en la cual el primero "le expuso los problemas" a Pérez-Sauquillo "y le solicitó financiación a través de Invercaria", según la Fiscalía.
El Ministerio Público indica que en dicha reunión "fue citado sobre la marcha" Cristóbal Cantos, el que fuera director de Promoción de Invercaria, "cuya presencia fue requerida de inmediato por el acusado a fin de presentarles el proyecto" y que era director del departamento "por el que debía de iniciarse la puesta en marcha del procedimiento de análisis de Invercaria que establece el Plan Director".
Así, el 5 de febrero de 2009 Cantos acudió en compañía de una empleada de Invercaria a las instalaciones de la empresa en Tarifa, donde fueron recibidos por María Malo e Ignacio Jarillo, tras lo que el 12 de mayo de 2009 se produjo una nueva reunión en las instalaciones de Invercaria en la que estuvieron presentes Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, que era directora gerente de la empresa pública, además de Cristóbal Cantos y los representantes de Lolita Canalla, según el relato de la Fiscalía.
En esta última reunión, "quedaron patentes las necesidades de efectivo de la empresa, además de que la situación de la crisis económica estaba agravando su relación con los proveedores", y se entregó un Plan de Negocios aportado por Ignacio Jarillo que, "si bien contenía un documento tipo Power Point con diversas fotografías y presentación de la empresa, no contenía análisis financieros como tal, ni plan de negocios".
El 18 de mayo, "y como quiera que Invercaria no ponía en marcha el proyecto y en consecuencia no otorgaba financiación", María Malo, "acuciada por la situación", telefoneó a Cristóbal Cantos y, "ante el escaso avance de la petición de inversión, le pidió asesoramiento para otras vías de inversión pública". "Cantos nunca realizó análisis del proyecto de Lolita Canalla, ni siquiera consideró como apto para una inversión en el mismo, de acuerdo con la tipología de entidades a los que iba dirigida la ayuda pública", remarca el Ministerio Público, que añade que Pérez-Sauquillo "reclamó el proyecto para sí" y "decidió otorgar un préstamo" a la mercantil.
"Ni un solo informe positivo" de Invercaria
La empresa solicitó la concesión de este préstamo pero "tan solo se contaba con el llamado Plan de Negocios e Innovación" y "un informe de riesgo por parte de una tercera empresa llamada On Line Axesor", destaca la Fiscalía. El análisis de riesgo de inversión de On Line Axesor advirtió que Lolita Canalla estaba "en riesgo moderado por la probabilidad de impago, con la recomendación de concesión de crédito de 7.200 euros".
El Ministerio Público explica que "no se ha realizado ni propuesta de inversión y ni un solo informe positivo" por parte de Invercaria, por lo que la inversión se debe "a la pura liberalidad y arbitrio" de Pérez-Sauquillo, quien "actuando aún dentro de sus facultades, faltó de modo patente al procedimiento" descrito en el Plan Director "y sin que fuera un proyecto escalable, tal y como se denominaba en la entidad a los proyectos propios de capital riesgo".
El préstamo que Pérez-Sauquillo "decidió dar" a la empresa textil "no era participativo, modalidad usual con la que Invercaria invertía en terceras sociedades" y tendría una duración de cinco años hasta el 29 de julio de 2014. Este préstamo "tampoco fue aprobado o informado siquiera por los departamentos de Invercaria, como el comité de dirección e inversiones".
A la fecha de la concesión de los 100.000 euros a Lolita Canalla la empresa "estaba en causa de disolución" y "hasta la fecha se haya pagado cantidad alguna resultante del mismo". Señala la Fiscalía que "ante el impago en todas sus cuotas", Invercaria instó la reclamación del capital e intereses ante los juzgados de Algeciras.