Andalucía endurecerá su régimen de sanciones en materia de turismo con la nueva Ley de Turismo Sostenible, que ha iniciado su tramitación esta semana tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta. Con esta nueva política, se incluyen por primera vez sanciones a empresas o plataformas que oferten servicios no registrados o "clandestinos".
Así, las multas graves pasarán de los 2.000 a 18.000 euros de la Ley de 2012 a entre los 10.000 y 100.000 euros en el anteproyecto en el que trabaja la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. En el caso de las muy graves, las cuantías pasarán de la horquilla de 18.000 a 100.000 euros a entre 100.000 y hasta 600.000 euros.
Del mismo modo, el consejero de turismo y Andalucía Global, Arturo Bernal, ha apuntado que el "refuerzo de la inspección" se complementa con el uso de la tecnología y el Big Data. Esta es una de las principales medidas que incluye el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno andaluz, que tiene como objetivo crear un "nuevo modelo" turístico que respete "la identidad andaluza" al tiempo que consolide la aportación económica del sector turístico a la Comunidad. En este sentido, la norma busca la "ordenación, planificación y promoción" de un turismo que respete la "sostenibilidad ambiental, económica y social".
Así, Andalucía se posiciona como guía del modelo turístico que busca respetar su identidad, proteger su legado y generar oportunidades desde la sostenibilidad mientras se consolida como el sector andaluz clave para la economía y la creación de empleo. El texto sustituirá a la actual ley autonómica de turismo, vigente de 2012, y que, a juicio de la Junta, ha quedado obsoleta tras el surgimiento de nuevas realidades, "sobre todo después de la pandemia del Covid". El anteproyecto legislativo introduce por primera vez la idea de ‘política turística’, en alusión a la gobernanza en materia de turismo.
En este sentido, Bernal considera que la nueva norma pondrá "negro sobre la blanco la estrategia" turísitca que ha llevado a cabo el Gobierno de Juanma Moreno durante sus seis años de gestión; un período en el que, a juicio del consejero, se ha demostrado que crecer "de forma inteligente y sostenible es posible".
Pisos turísticos
La norma introduce novedades también en cuanto a las viviendas de uso turístico, y expresa que deben desarrollarse "en suelos que tengan reconocido un uso turístico específico" y no residencial. Asimismo, se dispone que, para destinar un inmueble a vivienda de uso turístico, se precisará de "la correspondiente solicitud de licencia o presentación de declaración responsable de cambio de uso" ante el Ayuntamiento del municipio donde se vaya a llevar a cabo la actividad.
Por otro lado, se incluye una sección específica en el capítulo de derechos y obligaciones para regular, por primera vez, las viviendas de uso turístico, y es que esta figura no se había incluido nunca en una ley de turismo. Así, el consejero de turismo, Arturo Bernal, considera que las viviendas de uso turístico son "tan válidas como alojamiento" como los demás tipos, y, por ello, "deben ser cubiertas por la Ley" con el objetivo de que tengan "los mismos derechos y deberes".
A este respecto, se incluyen expresamente en la norma como servicio de alojamiento turístico, al tiempo que se obliga a su "ordenación y desarrollo", de acuerdo a los principios de registro y a la declaración responsable. En cuanto a los derechos y obligaciones de los usuarios y empresas turísticas, se subraya la importancia de los principios de "hospitalidad y de convivencia" como principio básico del turismo en Andalucía. Además, se añaden obligaciones específicas de información para las empresas, como las que han de cumplir plataformas y comercializadoras de servicios turísticos.
El anteproyecto también introduce una nueva categoría de instrumento de planificación, con la denominación de ‘instrumentos singulares de planificación’, que permiten adaptar los planes a las necesidades y oportunidades de los destinos y del sector turístico. Dentro de estos Instrumentos Singulares de Planificación, se reconoce la posibilidad de elaborar planes turísticos de zonas rurales. Así, se suprime el límite de 100.000 habitantes para la clasificación turística de los municipios, permitiendo una categorización más precisa en función de su actividad.