Luz verde en la reunión del Consejo de Gobierno al plan de choque andaluz para hacer frente a la crisis de vivienda. El Ejecutivo de Juanma Moreno ha aprobado un Decreto Ley que busca facilitar el acceso a la vivienda con medidas como la construcción de Viviendas de Protección Oficial en los próximos cinco años. El Decreto contempla además la expansión de la oferta de solares para uso residencial, crear una bolsa de suelo o incluir promociones residenciales en la Unidad Aceleradora de Proyectos.
La aprobación de este plan busca actuar de manera "urgente" mientras se tramita la Ley andaluza de Vivienda, ya en proceso legislativo. A juicio de la Junta, había medidas que podían "anticiparse" y conformar un "primer paso" para la ampliación de la oferta inmobiliaria.
En este sentido, se incluyen cambios de "uso, densidad y edificabilidad en parcelas aptas" para construir, y en las que se edificarán viviendas protegidas. Del mismo modo, se permitirá una ampliación en la "densidad de viviendas" en parcelas si hay "compromiso" de que estas sean protegidas. Este incremento podrá alcanzar un 20%. Se promueve también la construcción de viviendas públicas de alquiler en parcelas de equipamientos –como establece la Ley de suelo andaluza, la LISTA–, pero se elimina la necesidad de modificar "los instrumentos de planeamiento" cuando dichas parcelas "no tengan uso específico".
El plan de choque impulsado por la Junta también incorpora la posibilidad de incorporar promociones "con un número significativo de viviendas protegidas" a la Unidad Aceleradora de Proyectos. Esto se traduce en una mayor agilidad en la tramitación, con la condición de que los proyectos sean de, al menos, 250 viviendas protegidas. También se podrán asignar los suelos con más de 500 viviendas, con la "correspondiente reserva de suelo para vivienda protegida y que implemente medidas adicionales de desarrollo urbano sostenible".
Precios máximos
El Decreto actualiza los coeficientes que determinan los precios máximos de la vivienda protegida en cada municipio. Así, un primer grupo con las capitales de provincia, municipios de más de 25.000 habitantes, para que la diferencia con el precio de la vivienda libre sea, al menos, de un 25%; municipios con una demanda excepcional de vivienda, municipios que dan continuidad a los tejidos urbanos de las capitales o aquellos que tienen condiciones excepcionales por su actividad industrial o económica.
Igualmente, se amplían los destinatarios de viviendas protegidas, permitiendo que familias que no tenían ingresos suficientes para adquirir una vivienda libre puedan beneficiarse de estas políticas. Así, se amplía los límites de ingresos hasta 5,5 veces el IPREM para las viviendas de régimen general, y hasta 7 veces el IPREM en régimen de precio limitado.
Bolsa de suelo
También se buscará la implicación de los promotores en la construcción de viviendas protegidas. Entre esas medidas está a creación de una bolsa de suelo, que se hará de la mano de los municipios de más de 100.000 habitantes (13 en Andalucía: todas las provincias menos Huelva; Jerez de la Frontera, Marbella, Dos Hermanas, Algeciras y Roquetas de Mar). Estos ayuntamientos podrán informar en un plazo de tres meses de los suelos que tienen reserva de vivienda protegida, así como de las parcelas que pueden acoger este tipo de viviendas. El promotor, por su parte, tendrá a su disposición un sistema de convocatoria para la selección de candidatos de vivienda.
También en relación con los promotores, estos podrán acceder a incentivos: por un lado, los préstamos de los fondos europeos Next Generation para promover viviendas en alquiler asequible. Por otro, la Junta abrirá convocatorias de sus subvenciones para la construcción de viviendas en alquiler asequible y con precios limitados. Las subvenciones pueden alcanzar los 30.000 euros por vivienda construida.