La Audiencia Provincial de Sevilla plantea llevar ante la justicia europea el ‘indulto encubierto’ concedido por el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido a los condenados del caso ERE de Andalucía como los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, la Sección Primera del tribunal provincial plantea de esta forma dudas sobre la compatibilidad de la resolución del Tribunal Constitucional, que anuló la pena de cárcel al expresidente andaluz José Antonio Griñán y rebajó la pena del también expresidente Manuel Chaves, con el Derecho de la Unión Europea. Cuestiona que sea del todo "compatible" con el derecho de la Unión Europea, y ha pedido opinión a las partes sobre si la corte de garantías se "extralimitó" e "invadió" ámbitos reservados a los jueces.
Por ello, da audiencia a las partes para que aleguen sobre el posible planteamiento de una cuestión prejudicial de interpretación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), precisamente después de que el PP, que ejerce la acusación popular en la macrocausa, ya presentara una cuestión prejudicial relacionada con este asunto.
El escrito plantea también a las partes si la interpretación del Constitucional sobre las leyes de presupuestos en las que se repartieron las ayudas "se opone a la normativa y jurisprudencia europea". Esta duda responde a la decisión del TC de exonerar a los exaltos cargos de la Junta por el hecho de diseñar y ejecutar un sistema de reparto de ayudas muy laxo al defender que la elaboración de leyes no puede ser considerada un delito, ya que esas normas después resultan avaladas por el poder legislativo.
La Audiencia Provincial de Sevilla pregunta a las partes además si ese planteamiento del TC no supone "dejar al margen de todo control aquello que tenga que ver con la actividad presupuestaria" desde su redacción hasta su ejecución. El tribunal cuestiona si esa posición del TC "podría generar una situación de desprotección del patrimonio público, una merma de la actividad patrimonial del Estado y de la confianza de la sociedad en el manejo honesto de fondos públicos".
Entre las cuestiones que deberán estudiar partes antes del planteamiento de la cuestión prejudicial está también la posibilidad de que la doctrina creada por el Constitucional sobre los ERE "incumpla las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política". La Audiencia alude a la posibilidad de un incumplimiento del Tratado de Funcionamiento de la UE en materia de lucha contra el fraude y la actividad que afecta a los intereses financieros comunitarios. La providencia expresa también un posible prejuicio contra "la aplicación de sanciones eficaces y disuasorias" en caso de que haya infracciones en esta materia.
Por último, el escrito menciona la posibilidad incluso de que los tribunales ordinarios no apliquen las sentencias del TC que interpretaron las normas legales autonómicas, en alusión a los citados presupuestos regionales, que "conducen a entender como lícitas las conductas" de los acusados en el caso de los ERE en contraposición con las sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 2019, que luego fue refrendada por el Tribunal Supremo en el verano de 2022.
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