La Junta de Andalucía ha dado luz verde al inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de Patrimonio de Andalucía. Un nuevo texto que tiene como objetivo "seguir avanzando en la puesta en uso y valor" de los Bienes de Interés Cultural de la Comunidad. El nuevo texto busca actualizar la normativa autonómica en torno al Patrimonio; una legislación vigente desde hace cuarenta años.
En el nuevo anteproyecto, que se ha empezado a tramitar este miércoles, El Gobierno andaluz los "más modernos instrumentos jurídicos que permitan una gestión" eficaz y eficiente del patrimonio andaluz, uno "de los más grandes del país".
La norma establece ahora una definición más amplia del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, en la que se incluyen el conjunto de bienes y derechos de titularidad de la administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias, cualquiera que sea el título de adquisición. Además, se contemplan mecanismos que garantizan la conservación y puesta en valor del patrimonio de la comunidad.
De la misma manera, al incorporar herramientas digitales y simplificar determinados procedimientos, la norma ayudará a maximizar los recursos públicos y privados disponibles, al eliminar duplicidades y asegurar una gestión más ágil.
Se introduce, asimismo, la figura de los proyectos públicos de aprovechamiento y explotación, por la cual las administraciones públicas territoriales de Andalucía podrán instar a la Junta de Andalucía a la mejora del aprovechamiento y explotación de los bienes patrimoniales radicados en su territorio. De esta forma, un ayuntamiento podría, por ejemplo, solicitar que se ponga en uso un inmueble abandonado.
Por otro lado, la norma es pionera en implantar los más altos estándares medioambientes en la gestión patrimonial y el fomento del uso eficiente, además de la extensión de la vida útil de aquellos bienes muebles que pertenezcan al sector público andaluz y se hayan quedado obsoletos, estén deteriorados o en desuso. En ese sentido, se apuesta por la reutilización interna; la cesión gratuita a otras administraciones para su reutilización o, en su defecto, la cesión a entidades gestoras de residuos para su depósito o destrucción.
Por último, la nueva ley regula la obligación de protección del patrimonio y los deberes de colaboración e incorpora, por primera vez en Andalucía, un régimen de infracciones y sanciones contra los atentados que sufra el patrimonio autonómico.