Condenado el exvicepresidente socialista de Almería por adjudicar publicidad a dedo

El exvicepresidente de la Diputación de Almería, Luis Pérez Montoya (PSOE), ha aceptado una condena de cinco años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público tras reconocer un delito continuado de prevaricación administrativa en la adjudicación "a dedo" de contratos de publicidad institucional entre los años 2007 y 2011.

La vista oral, que inicialmente estaba señalada en el calendario judicial para febrero de 2026, no se celebrará tal y como estaba prevista en dicha fecha tras el acuerdo de conformidad alcanzado por su defensa, ejercida por el letrado José Miguel Ramos, con la Fiscalía y la acusación particular de la Diputación Provincial.

Según recoge la sentencia del Juzgado de lo Penal número 5 de Almería, el fallo es firme e inapelable puesto que las partes manifestaron su decisión de no recurrir en el mismo acto del juicio.

El que fuera vicepresidente de la Diputación ha admitido que, mientras dirigía el Área de Coordinación y Relaciones Institucionales, encargó de forma reiterada y verbal diversos trabajos a un grupo empresarial perteneciente a uno de los medios de comunicación más importantes de Almería, actuando con "total desprecio por la normativa vigente".

El fallo judicial considera probado que Pérez Montoya actuó "al margen de la ley", adjudicando contratos directamente y siendo plenamente consciente de que los contratos menores no podían sobrepasar los 18.000 euros establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público de aquella época.

A pesar de esta limitación legal, las facturas emitidas por esta empresa a la Diputación superaron ampliamente esas cifras: más de 200.000 euros en 2008, 700.000 en 2009 y 350.000 en 2010.

El acuerdo de conformidad confirma también que el acusado "eludió de manera intencionada y continuada su obligación de iniciar expediente", trabajando sin órdenes formales, sin un acto administrativo que lo respaldara y sin presupuesto asignado previamente. Solo en julio de 2010 se firmó un contrato por escrito, después de años de adjudicaciones irregulares.

La sentencia recalca que, con este comportamiento, Pérez Montoya "impuso su criterio personal por encima de la ley que protege el interés público", impidiendo que otros medios pudieran competir y presentarse, lo que "habría podido reducir el coste total de la publicidad institucional".