El estallido de la burbuja inmobiliaria en Irlanda ha hundido al país en una grave crisis financiera y una profunda crisis económica. El Gobierno irlandés se ha lanzado al rescate público de su sistema financiero y, como resultado, las cuentas públicas han sufrido un descuadre superior al 10% del PIB.
Irlanda ha recurrido a las pensiones públicas y a la creación de una banco malo (bad bank), encargado de comprar activos financieros tóxicos (ilíquidos), para amortiguar las cuantiosas pérdidas que registra su sistema financiero.
La creación de dicho banco malo -denominado National Asset Management Agency (NAMA)- constituye el mayor proyecto de rescate bancario de este tipo en el seno de la UE desde la crisis bancaria que sufrió Suecia en la década de los años 90. Sin embargo, pese a las medidas adoptadas, la economía irlandesa no da signos de mejora, al menos, por el momento.
¿Problema? El Ejecutivo irlandés comienza a dudar de su capacidad para equilibrar las cuentas públicas en 2012, tal y como exige Bruselas. En concreto, si bien las previsiones oficiales elaboradas el pasado abril avanzaban un déficit público del 10,75% para 2009 y 2010, la inexistencia de recuperación económica ha elevado tales cifras hasta el 13% del PIB para ambos ejercicios, según las últimas estimaciones.
El Gobierno irlandés comienza a dudar de su capacidad para reducir esta brecha al 3% del PIB en 2012. Y es que, en un contexto de recuperación internacional lento y prolongado, Irlanda ve ya muy complicado cumplir con este objetivo. Así, según el propio Ejecutivo irlandés, el próximo paso para Irlanda podría ser la petición de un crédito extraordinario al Fondo Monetario Internacional (FMI). Es decir, un rescate desde fuera del país, tal y como ha sucedido en Islandia o los países del Este de Europa.
Así, la ministra de Salud, Mary Harney, señaló que "si el Gobierno no tiene capacidad suficiente para hacer los que necesitamos [recortar el gasto público de forma drástica], otros vendrán, como el FMI, y de la noche a la mañana empezarán a tomar decisiones".
De este modo, los propios miembros del Gobierno reconocen que, en caso de no aprobar para 2010 los Presupuestos Generales del Estado más duros de los últimos 88 años, el país se verá abocado a solicitar ayuda internacional para evitar la quiebra.
En este sentido, tanto la crisis económica (burbuja inmobiliaria) como el descuadre de las cuentas públicas de España guarda muchas semejanzas con el caso irlandés. La mayoría de los analistas estima que España registrará un déficit público superior al 10% del PIB en 2009, y una cifra similar en 2010.
La propia ministra de Economía, Elena Salgado, estudia solicitar una prórroga de un año a Bruselas para poder consolidar las cuentas públicas (déficit máximo del 3%) en 2013. Pese a ello, el Gobierno, de momento, insiste en la fortaleza de las cuentas públicas españolas.
El Estado registró un déficit de 62.780 millones de euros hasta septiembre en términos de Contabilidad Nacional, el 5,96% del PIB, frente al déficit de 13.507 millones de euros del mismo periodo del año anterior, lo que supone que se ha multiplicado casi por cinco en un año.
Sin embargo, el Gobierno mantiene su política de gasto público. El nuevo Plan E para 2010 (5.000 millones de euros para obras municipales) o el dispendio de las ayudas internacionales (200 millones aprobados el pasado viernes) son tan sólo dos ejemplos de la política de gasto del Ejecutivo socialista.
Además, los Presupuestos para 2010 aumentan el techo de gasto público (más de un 17% interanual), inflan los ingresos y se basan en unas previsiones de crecimiento y paro irreales, según los últimos informes al respecto: véase la Fundación de Cajas de Ahorro (FUNCAS), el Instituto de Estudios Económicos (IEE) o el Círculo de Empresarios, que califica las cuentas de "insostenibles".
Los conocidos como PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España) presentan la situación más grave y problemática en el seno de la zona euro.