Mientras en España el Gobierno de Rajoy aprobaba el reglamento de la Ley Sinde del Ejecutivo de Zapatero, en EEUU la Administración Obama está empeñada en sacar adelante una norma equivalente. Se trata de esa que tiene el cómico nombre –para los hispanohablantes– de SOPA (siglas de Stop Online Piracy Act). Los sectores defensores de las posturas más radicales y liberticidas en defensa de los denominados derechos de autor parecen tener similar fuerza a ambos lados del Atlántico.
Pareciera, por tanto, que la situación es muy similar en Estados Unidos y España (o cualquier otro país europeo). Pero no es así. En la vieja Piel de Toro la oposición organizada a la Ley Sinde se ha limitado a algunos pocos activistas pro derechos civiles en internet, determinados periodistas y un puñado de usuarios de redes sociales y blogueros. En tierras norteamericanas está resultando muy diferente. Además de sectores similares a los citados para el caso español, al activismo contra la SOPA se suman las grandes compañías de internet. En una situación sin precedentes, podríamos ver cómo Amazon, Google, eBay, AOL, Facebook y otros desconectan sus páginas durante un día en señal de protesta.
Si se produce esa huelga de gigantes online, muchas cosas comenzarían a cambiar en el desequilibrado triángulo formado por los políticos, la industria autodefinida como cultural y el conjunto de los ciudadanos que se conectan a internet. Al menos lo hará en Estados Unidos. Los cargos electos y los burócratas tendrán que dejar de tener en cuenta tan sólo la postura de las discográficas, los actores y similares. Los grandes de un sector económico tan potente como el de internet dejan de observar sin tomar partido y se sitúan del lado del conjunto de los ciudadanos. Es algo que ni el mismo Obama podrá ignorar.
Sin embargo, aquí las cosas no son iguales. Las empresas, con independencia de cuál sea su sector, suelen ser timoratas ante el poder político. No podemos esperar que tomen partido, al menos de una forma tan abierta como lo hacen en EEUU, en defensa de unos derechos de los ciudadanos que coinciden con sus intereses. Prefieren callar y no ser castigadas. El triángulo seguirá, por tanto, estando terriblemente desequilibrado.