El Gobierno de Canarias y todos los grupos del Parlamento –PSOE, CC, PP, NC-BC, ASG y AHI–, salvo Vox, han acordado este jueves un documento conjunto, que van a remitir al Gobierno central y a la Cortes, en el que piden hacer cambios legales para que los menores migrantes sean distribuidos de forma obligatoria entre las comunidades autónomas y que haya más coordinación para gestionar la llegada de migrantes.
El presidente canario, Fernando Clavijo, en declaraciones tras la reunión ha valorado positivamente la generosidad de los grupos para afrontar la "situación dramática, excepcional y de emergencia" que asola al archipiélago. Dado que todavía no hay un mando único en materia migratoria en España, exigido por Canarias en repetidas, la firma de este acuerdo supone un paso por "el buen camino" ante la extrema necesidad de dar respuesta humanitaria al fenómeno migratorio que el archipiélago está soportando en solitario.
En concreto, el presidente canario urge en las modificaciones legales referentes a la distribución de los menores no acompañados entre las CCAA siguiendo parámetros como la población, el territorio y la capacidad económica de los destinos para garantizar que las necesidades básicas, como la escolarización, están cubiertas. En el último mes y medio, 574 menores han sido trasladados desde El Hierro –la isla más afectada por la llegada de migrantes– a otras zonas del archipiélago, y sin embargo, al resto de España solo se han derivado 400 niños y niñas.
El llamado 'Pacto Canario por la Migración' pide al Estado la recuperación de la Comisión Delegada de Asuntos Migratorios, además de establecer un sistema de coordinación permanente y la planificación de una red de acogida estable en todo el territorio español, que permita la movilidad o traslado de migrantes por el conjunto de las comunidades autónomas.
Este acuerdo también reclama la dotación de personal y materiales suficientes a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que en medio de la crisis migratoria han trabajado al límite de su capacidad con el mismo número de agentes por turno que en circunstancias normales. El pasado lunes, la asociación JUCIL, de la Guardia Civil, denunciaba la "dejadez e irresponsabilidad" con la que se ha estado actuando en política de seguridad en los municipios de las islas.
Fondo específico de financiación
El documento incluye un apartado en el que se apuesta por la creación de un fondo económico específico "para contribuir a la financiación de los servicios municipales y autonómicos que se ven afectados por la atención e integración de las personas migrantes".
En lo que respecta a la UE, se ha incluido un paquete de peticiones entre las que destacan "un mayor despliegue del Frontex en Canarias" y la puesta en marcha de medidas efectivas para luchar contra las mafias y mejorar las condiciones de vida en los países de origen y tránsito de migrantes.
Por su parte, el Ejecutivo autonómico se compromete a reforzar los equipos de asistencia sanitaria para asegurar una adecuada cobertura de los migrantes de manera que "suponga el menor menoscabo posible de la actividad ordinaria del Servicio Canario de la Salud y de los equipos de emergencia".
VOX pide un cambio de estrategia
El grupo político VOX ha sido el único en contra del acuerdo, pues considera que este documento supone "tirar la toalla", así lo ha expresado el portavoz del partido, Nicasio Galván, que pide un cambio de estrategia para obtener otros resultados en la lucha contra la inmigración irregular. Galván cree que derivar migrantes es "trasladar el problema de Canarias al resto de España" y remarca que el Gobierno canario no practica la solidaridad que demanda al resto de CCAA.
Estas declaraciones coinciden con la visita del presidente de VOX, Santiago Abascal, a Tenerife y El Hierro para analizar la situación de las islas. El presidente insiste en que deben tomarse medidas excepcionales para la "avalancha" e "invasión" que está sufriendo el litoral canario y que solo deja víctimas.
En el caso de los propios migrantes, padecen el tráfico de personas y sufren "odiseas peligrosísimas" atraídos por "falsas promesas" de las ONG y las autoridades europeas, a quienes señala como culpables y pide que dejen de pensar que la inmigración ilegal "es algo evitable". Señala, además, que las ONG "están en conexión" con las mafias, y no entiende como la izquierda "banaliza y glorifica" la inmigración.
En su opinión, este fenómeno debe abordarse "de forma ordenada y legal", y lamenta que no existan medios materiales ni jurídicos para proteger las fronteras y "la prosperidad" de los españoles, porque, según afirma el presidente de VOX, también son víctimas de la inmigración, dada la degradación de los servicios sociales y sanitarios, y la desaparición de la seguridad en las calles.