La Policía pide expulsar a 82 migrantes del cayuco de El Hierro

La Policía Nacional ha pedido la expulsión de 82 de los 119 ocupantes del último cayuco llegado a El Hierro, en un nuevo avance del procedimiento administrativo abierto tras su llegada a la isla. La solicitud se apoya en la previsión de que Senegal acepte la repatriación de una parte de los migrantes, lo que permitiría agilizar el retorno en un plazo más corto de lo habitual.

El caso, que sigue en tramitación desde la llegada de la embarcación a la isla, continúa avanzando por fases con nuevas actuaciones administrativas.

Esta decisión llega apenas unos días después de que un juez autorizara el internamiento y la apertura de expedientes de expulsión para la mayoría de los ocupantes de la embarcación, en uno de los procedimientos más voluminosos registrados recientemente en Canarias.

La actuación policial forma parte de una tramitación escalonada del expediente, en la que los casos se van separando en función de la nacionalidad y de los acuerdos de readmisión existentes con los países de origen. En este caso, la atención está puesta en Senegal, uno de los países que habitualmente colabora en los procesos de retorno desde España.

El cayuco llegó el pasado martes al puerto de La Restinga con 119 personas a bordo, tras una travesía desde la costa occidental africana. Desde su desembarco, los migrantes han sido atendidos en el dispositivo de emergencia habilitado en la isla y posteriormente sometidos a las primeras diligencias policiales y judiciales para determinar su situación administrativa.

El proceso pone de relieve la complejidad de las expulsiones en este tipo de llegadas, donde no basta con la orden de internamiento o expulsión, sino que resulta imprescindible la cooperación efectiva de los países de origen para poder ejecutar los retornos. En muchos casos, esa fase es la que marca si los expedientes llegan a materializarse o si quedan bloqueados durante meses.

En paralelo, el caso vuelve a situar a El Hierro en el centro de la presión migratoria en la ruta atlántica, una de las más activas hacia Canarias, y pone de relieve las dificultades del sistema para gestionar llegadas masivas dentro de un marco legal y diplomático condicionado por los acuerdos internacionales de readmisión.