El Juzgado de Instrucción de El Hierro, respaldado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ha tenido que salir al paso de unas informaciones periodísticas erróneas publicadas este sábado. Dichas noticias afirmaban falsamente que las autoridades judiciales habían ordenado la expulsión y el ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de una niña nacida en el año 2009, la cual habría arribado recientemente a las costas canarias a bordo de una embarcación ilegal. La institución judicial ha negado tajantemente estos hechos, aclarando el rigor del procedimiento legal establecido.
Las fuentes oficiales de la Oficina de Comunicación del TSJC han detallado el protocolo seguido en este tipo de situaciones que se derivan de la constante llegada de embarcaciones. "Esa joven que alegó ser menor fue enviada al hospital para una prueba ósea, que determinó que tenía más de dieciocho años", han señalado. De este modo, la Justicia confirma que la inmigrante era plenamente mayor de edad en el momento de su interceptación, justificando sin fisuras la decisión de proceder a tramitar su expediente de devolución y su traslado temporal a un centro para extranjeros.
El TSJC ha querido dejar claro que el sistema judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aplican la ley de forma escrupulosa frente al desafío migratorio. Desde el juzgado herreño se matiza que absolutamente todas las personas que alegan dudas o confusión sobre su verdadera edad, o los indocumentados que afirman ser menores, son derivados de inmediato a un centro sanitario. Allí, médicos forenses y especialistas realizan las pertinentes pruebas radiológicas para determinar la madurez fisiológica real.
Fruto de la estricta aplicación de este riguroso protocolo médico, el juzgado ha confirmado que en el mismo grupo de personas llegadas a la isla sí viajaban verdaderos menores de edad no acompañados. En concreto, la institución ha detallado que en esa misma embarcación han sido identificados dos casos reales de menores. A diferencia de la mujer que fingió su fecha de nacimiento para evitar la deportación, estos dos individuos no han sido derivados a un recinto de retención, sino que han pasado a estar bajo la tutela legal pertinente tras recibir atención hospitalaria.
La oportuna aclaración judicial subraya la importancia de combatir la desinformación en un tema de extrema sensibilidad política y social. La aplicación estricta de la normativa y de las garantías procesales del Estado de Derecho permite diferenciar de manera objetiva a quienes intentan defraudar al sistema español de aquellos individuos que realmente requieren la protección de la Administración pública por su especial situación de vulnerabilidad legal.