Castilla y León lleva al TC el decreto que obliga a acoger menores migrantes por invadir competencias autonómicas

La Junta de Castilla y León ha acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-Ley 2/2025, aprobado por el Gobierno de España. Lo ha hecho durante la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este jueves, al considerar que la norma vulnera hasta diez artículos de la Constitución Española por siete motivos distintos.

El Ejecutivo autonómico señala como una de las principales transgresiones la invasión de su competencia exclusiva en materia de protección y tutela de menores. A su juicio, el Real Decreto-Ley impone de forma unilateral, forzosa y discrecional el reparto de menores no acompañados que llegan a Canarias, Ceuta y Melilla entre las comunidades autónomas. Este reparto, además, se articula mediante un protocolo de actuación obligatorio que, según la Junta, altera el marco competencial previsto en la Constitución.

Desde el Gobierno autonómico se defiende que el objetivo del decreto —el reparto de estos menores— no puede justificarse bajo las competencias estatales en migración y extranjería, pues afecta de forma directa a un ámbito de responsabilidad autonómica.

Sin financiación para asumir los costes

Otro de los argumentos que sustenta el recurso es el perjuicio financiero que genera la medida. Castilla y León denuncia que se le obliga a incrementar el número de menores atendidos sin que el Gobierno central habilite ninguna vía de financiación específica. Esto, señala la Junta, vulnera el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas.

La Junta también advierte de un trato desigual entre comunidades, lo que, según el recurso, vulnera el principio de solidaridad interterritorial. Algunas regiones recibirán financiación íntegra para acoger a estos menores, mientras que otras, como Castilla y León, deberán asumir los costes sin apoyo económico, a pesar de un reparto territorial que califican de desequilibrado.

Falta de lealtad institucional

En el escrito, el Ejecutivo autonómico incluye la quiebra de los principios de colaboración, cooperación, coordinación y lealtad institucional. Argumenta que el decreto impone unos criterios de reparto distintos a los que fueron aprobados mayoritariamente en 2022 por las propias comunidades autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, sin justificar el cambio ni la urgencia.

Por último, la Junta cuestiona el uso de un Real Decreto-Ley para legislar en materias que, por su naturaleza, deberían regularse mediante Ley Orgánica. Además, denuncia la falta de justificación por parte del Gobierno de la existencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad, requisito indispensable para aprobar una norma con rango de ley por esta vía.