Un extranjero con antecedentes agrede a un guardia civil en Valladolid tras causar destrozos

Efectivos de la Guardia Civil han detenido en una localidad vallisoletana a un individuo de nacionalidad extranjera tras un episodio de extrema agresividad. El sujeto, que carece de vivienda fija, fue denunciado inicialmente por un vecino tras causar graves destrozos en la fachada de un comercio. Durante el proceso de identificación, el sospechoso se abalanzó contra un uniformado propinándole un golpe, lo que obligó a su inmediata reducción y puesta a disposición judicial.

El perfil que Marlaska intenta ocultar

Este nuevo ataque a un agente de la autoridad no es un caso aislado, sino el síntoma de una estadística que el Ministerio del Interior intenta maquillar. Según ha denunciado Carlos Cuesta, los datos desmontan el relato oficial: la población extranjera, que representa el 12,7% del censo, comete ya el 27,8% de los delitos en España. "Son ellos, con su sistema, los que están provocando que muchos de estos extranjeros acaben en el delito", advierte Cuesta, señalando la falta de adaptación y el efecto llamada de un Gobierno que ha disparado la inmigración ilegal un 700% desde 2017.

La trampa de la regularización telemática

El suceso en Valladolid cobra una dimensión política alarmante ante el nuevo decreto de regularización masiva pactado entre Sánchez y Podemos. Fuentes policiales han confirmado a este diario que el mecanismo para comprobar los antecedentes de los hasta 840.000 beneficiarios es un "coladero" absoluto. Por primera vez, el trámite podrá hacerse por internet, sin contacto físico que permita certificar la identidad del solicitante.

Pero lo más grave reside en la impunidad burocrática: si el país de origen no contesta en el plazo de un mes —algo habitual en naciones con administraciones fallidas—, el Gobierno permite que el inmigrante presente una "declaración responsable" asegurando que no tiene antecedentes. "Es prácticamente inviable certificar los delitos; el silencio administrativo beneficia siempre al inmigrante", denuncian fuentes del Instituto Armado.

La multirreincidencia

Al agresor de Valladolid ya le constaban diversos antecedentes policiales, lo que no ha impedido que siga en territorio nacional. El sistema es, en palabras de Cuesta, "de pandereta": mientras el ciudadano español está controlado en cada paso administrativo, al inmigrante ilegal se le premia con la presunción de inocencia absoluta tras un mes de espera.

Esta falta de rigor se traduce en una nula capacidad de expulsión. En el último año, solo se materializaron el 9,8% de las órdenes de expulsión dictadas. "Las relaciones internacionales son una porquería y no hay acuerdos con países como Senegal o Costa de Marfil para que asuman la devolución de los delincuentes", sentencia Cuesta. El resultado es el que hoy sufre la provincia de Valladolid: delincuentes extranjeros que, sabiéndose impunes, no dudan en atacar a quienes deben proteger la ley.