País Vasco y Extremadura han firmado un acuerdo con el Gobierno para modificar unos treinta artículos de la ley de Bienestar Animal (Ley de Protección de Derechos y Bienestar de los Animales) aludiendo a discrepancias competenciales entre administraciones. De este modo, el servicio municipal de urgencias veterinarias disponible las 24 horas, la prohibición de dejar a un perro sin supervisión durante más de un día o la gestión municipal de las colonias felinas dejan de ser vinculantes. A partir de ahora, dependen de la legislación autonómica y no de la ley animalista del Gobierno de Pedro Sánchez.
El acuerdo final alcanzado entre el Ministerio de Política Territorial y ambas comunidades es muy similar y prácticamente atañe a los mismos artículos de la ley de Bienestar Animal. Según este acuerdo, en el País Vasco y en Extremadura deja de ser obligatorio que los ayuntamientos cuenten con un servicio de recogida y atención veterinaria de animales extraviados y abandonados disponible las veinticuatro horas del día, así como alojarlos en un centro de protección animal.
Tampoco será obligatorio comunicar a la autoridad competente la pérdida o sustracción de un animal en el plazo máximo de 48 horas desde que se produjo la misma, algo que para el resto de españoles supone una falta leve que puede conllevar el apercibimiento o una multa de 500 a 10.000 euros.
Tampoco es vinculante para vascos y extremeños la prohibición de dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos o de más de un día en el caso de que se trate de un perro.
Del mismo modo, quedan exentas de cumplir con las obligaciones sobre el empleo de animales en actividades culturales y festivas. Serán ambas comunidades autónomas las encargadas de decidir su propia legislación sobre ferias, exposiciones y concursos de animales, romerías, belenes, cabalgatas y procesiones.
El gran éxito: las colonias felinas
Pero sin duda alguna, el gran éxito de este acuerdo para ambas comunidades autónomas es haber eliminado de la lista de obligaciones municipales todo el articulado que atañe a las colonias felinas. La ley animalista establece que todos los ayuntamientos deben contar con un plan de gestión de colonias felinas incluya la captura, esterilización, desparasitación y retorno de todos los gatos callejeros (ahora denominados gatos comunitarios). Los ayuntamientos serán también los responsables de alimentar a los gatos, así como designar y formar a los responsables de su cuidado.
Desde que se aprobó la ley animalista, este punto ha sido sumamente criticado por los consistorios, que denuncian que no disponen de fondos económicos suficientes. Ahora, en virtud del acuerdo alcanzado con el Gobierno, todas estas obligaciones pasan a tener "carácter orientador y programático" en los ayuntamientos del País Vasco y Extremadura y, por tanto, serán vinculantes "únicamente cuando así lo establezca en cada caso la legislación autonómica y en los términos que en ella se determine", según explica el Ministerio de Política Territorial.
El resto de artículos que se modifican tras el acuerdo atañen principalmente a la creación del sistema central de registros y al registro de criadores autorizados. El acuerdo señala que estos registros serán de plena titularidad y gestión de las Comunidades Autónomas, que "transmitirán una serie de datos mínimos al sistema central a efectos estadísticos y de interoperabilidad".
La única diferencia entre los pactos firmados con ambas comunidades es que Extremadura ha conseguido que la parte referente a la cría, tenencia en cautividad o eventual cesión o venta de animales silvestres. Se ha establecido que el desarrollo reglamentario de esto corresponderá a la Administración Pública competente, así como que las Comunidades Autónomas podrán determinar especialidades correspondientes en su territorio. Además, el Estado se ha comprometido a negociar con Extremadura los términos de este desarrollo reglamentario.
La ley "debería ser derogada"
La Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura ha señalado en declaraciones a Libertad Digital que "el Estado se ha excedido en su actividad regulatoria y ha invadido determinados ámbitos cuya regulación legal y desarrollo reglamentario corresponde a la Comunidad Autónoma de Extremadura. Se ha conseguido una rectificación porque se podía incurrir en vicio de inconstitucionalidad".
A pesar de estar satisfechos con el acuerdo, el Gobierno de María Guardiola insiste en que "no obstante, hay que aclarar que la Ley de Bienestar Animal, en su enfoque y planteamiento general, le sigue pareciendo a la Junta de Extremadura un despropósito y ajena al mundo rural extremeño y al modo de trabajar y proceder en el mismo, por lo que debería ser derogada".