Cuatro grandes sociedades científicas españolas, la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH), la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) y la Sociedad Española de Neurociencia (SENC), han difundido este lunes un comunicado conjunto muy duro contra el Ministerio de Seguridad Social que dirige Elma Saiz por su reciente decreto para recuperar la cotización de becas de investigación y periodos de prácticas anteriores a 2011, fecha en que la Ley de Ciencia estableció la obligación de contratación laboral desde la etapa de investigación predoctoral.
En la nota, las asociaciones cargan contra la orden ministerial aprobada publicada el pasado 1 de mayo en el BOE y que en teoría iba a responder a la vieja demanda de científicos e investigadores de que las etapas iniciales de su carrera fueran "consideradas una actividad laboral de pleno derecho".
La principal queja es que se obliga a los investigadores que quieran regularizar sus años de prácticas para ampliar sus años cotizados "a pagar las cuotas de cotización para jubilación tanto de la empresa como de la persona trabajadora". Además, lamentan, la orden considera "como base de cotización la vigente ahora en 2024, en lugar de las bases correspondientes a cada año que se quiera recuperar", lo que aumenta "en gran medida las cuotas a pagar". "Esto supone que una persona que cobraba una beca típica de unos 600 €/mes en 2000, tendrá que pagar 290 €/mes, aproximadamente la mitad (el 48%), de la ayuda recibida entonces", ejemplifican, denunciando el coste que puede suponer para cada afectado "cubrir retrospectivamente cuotas que deberían de haber abonado las entidades emisoras de las becas, en su mayoría administraciones públicas" cuando en algunos casos hay periodos de cotización que abarcan hasta 16 años.
Por todo ello, las asociaciones reclaman al Ministerio una rectificación de "la regulación del convenio especial". Su principal demanda, que "el empleado tenga que cubrir solo la cuota de cotización que corresponde a la persona trabajadora". También piden que "se legisle un mecanismo de reconocimiento de todo el tiempo trabajado con becas de investigación anterior a la entrada en vigor de la Ley de la Ciencia", sin el límite actual de 5 años que consideran "arbitrario".
Por último, reclaman que ese mecanismo reconozca el tiempo de prácticas "no solo a efectos de la Seguridad Social, sino también sino de cara a otros aspectos esenciales de la carrera profesional, por ejemplo, en términos de antigüedad o evaluación de méritos investigadores y docentes, así como en otros criterios de evaluación para personal funcionario, estatutario y laboral".
Los investigadores piden además al Ejecutivo "diálogo" con las sociedades científicas, colegios profesionales, y "personas afectadas", en un comunicado en el que hablan de "ira" y "frustración" entre los afectados, después de que este no haya recogido sus demandas y haya incluso "empeorado" las condiciones del convenio desde que el decreto se puso sobre la mesa. En las redes sociales, muchos científicos e investigadores están protestando por la medida co las palabras "sablazo" o "timo".