Los veterinarios piden la retirada o la modificación del nuevo sistema de control de antibióticos impuesto por el Ministerio de Agricultura. Aseguran que limita su criterio clínico, es difícil de aplicar, les expone a multas de hasta 1 millón de euros e incluso puede poner en riesgo la vida de las mascotas.
La norma por la que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos (Real Decreto 666/2023) entró en vigor el 2 de enero de este año. Entre otras cosas, obliga a los veterinarios a registrar cada prescripción de antibióticos a través de una plataforma electrónica denominada Presvet (o sus homólogas autonómicas).
La intención del Ejecutivo es combatir la resistencia antimicrobiana, pero el Consejo Nacional de Estudiantes de Veterinaria (Conevet) alerta de que este sistema ralentiza la atención en las clínicas, puede provocar retrasos en tratamientos urgentes y "dificulta el trabajo diario de los veterinarios al imponer una burocracia excesiva sin proporcionar herramientas prácticas para su cumplimiento".
Tras el aluvión de criticas, el Gobierno ha anunciado que suavizará las sanciones y establece un periodo de transición. Sin embargo, los veterinarios organizados bajo la plataforma Veterinarios Unidos están recogiendo firmas para "un modelo alternativo" que "confíe en los veterinarios, simplifique la gestión administrativa y respete el criterio clínico".
Antibióticos sin microchip
Una de las principales novedades de la norma es que, para adquirir antibióticos, los animales deben estar identificados con microchip. La ley de Bienestar Animal obliga a que perros, gatos y hurones estén chipados, pero hay otras mascotas que no están obligadas a llevar identificación individual (pequeño roedores, reptiles, peces, anfibios...). En esos casos, los veterinarios tienen muchas dudas acerca de cómo proceder. Lo mismo sucede con los gatos callejeros y otros animales sin identificar recogidos por las protectoras.
La situación se volvió tan complicada que la Dirección General de Derechos de los Animales tuvo que publicar una nota aclaratoria para "salvaguardar la seguridad jurídica de los profesionales veterinarios". La nueva interpretación del Real Decreto 666/2023 especifica que los profesionales veterinarios podrán administrar tratamientos a animales no identificados en tres situaciones concretas:
- Gatos comunitarios (callejeros) no identificados por el ayuntamiento.
- Animales abandonados o extraviados sin identificación.
- Animales no identificados con patologías que puedan comprometer su salud o la de las personas con quienes conviven.
Sin embargo, los veterinarios se cuestionan hasta qué punto tiene validez jurídica esa interpretación de la norma realizada a instancias de la Dirección General de Derechos de los Animales, que depende del Ministerio de Derechos Sociales y no del Ministerio de Agricultura. La duda es más que razonable, ya que los profesionales se exponen a multas de hasta 1 millón de euros.