Mónica García receta opacidad: la ley del medicamento esconde la factura

Lo han vuelto a hacer. Cuando parecía imposible subir otro peldaño en la escalera de la contradicción gubernamental, Mónica García y su equipo han presentado un anteproyecto de Ley del Medicamento y Productos Sanitarios que hará historia: legalizar el secreto sobre lo que cuesta cada nuevo medicamento pagado con dinero público. Ni pacientes, ni médicos, ni periodistas, ni órganos de control sabrán jamás el precio real. Transparencia, sí, pero solo en los discursos.

El Ministerio proclama su compromiso con la ciudadanía, mientras redacta una norma que oculta de forma explícita toda información sobre los acuerdos económicos con las farmacéuticas. No solo lo que las empresas cuentan, sino también lo que el propio Estado negocia. El precio real: confidencial. Las condiciones de financiación: confidenciales. El gasto público detallado: inalcanzable.

Casi 400 alegaciones

Tras el cierre del plazo de audiencia pública, el anteproyecto ha acumulado cerca de 400 alegaciones. Desde Sanidad se apresuran a aclarar que muchas están repetidas. Claro, como si eso las hiciera menos preocupantes. Pero lo que verdaderamente llama la atención es la heterogeneidad del malestar: médicos, farmacéuticos, enfermeros, asociaciones de biosimilares, e incluso organizaciones del propio sector han enviado propuestas críticas con el texto.

No hay una sola voz dominante. Algunos protestan por la redefinición de las competencias profesionales, otros cuestionan el sistema de precios seleccionados, y otros alertan sobre las consecuencias logísticas, jurídicas o clínicas. Lo que no abunda, precisamente, son los elogios.

El consenso parece limitado a una certeza compartida: este texto, tal y como está, deja muchas dudas y demasiadas puertas cerradas.

El truco está en la letra

El documento afirma que se mejora la transparencia, indican que el "anteproyecto de ley contempla también mejorar la transparencia".

Promete publicar información sobre decisiones de financiación: "informar al público las decisiones de precio y financiación de la CIPM". Pero al mismo tiempo, en el mismo párrafo, declara que los acuerdos específicos y los precios reales no se harán públicos, con una frase tan contundente como "restringiendo el acceso a la información que se considere confidencial como el precio o las relacionadas con la protección de la propiedad intelectual.".

No se trata de una omisión. Es una exclusión deliberada. El resultado es un marco legal en el que se habla mucho de transparencia, pero lo esencial se reserva. Las cifras globales estarán disponibles, pero lo que se paga por cada tratamiento concreto será secreto. Como si el control democrático pudiera ejercerse con promedios.

Una transparencia muy estratégica

La estrategia es clara: declarar principios nobles mientras se legisla lo contrario. El discurso habla de rendición de cuentas y eficiencia. La norma garantiza opacidad. No es una incoherencia casual. Es una contradicción calculada.

Sanidad argumenta que revelar los precios podría distorsionar la competencia. Pero la consecuencia real es otra: los ciudadanos no podrán saber si el dinero público se está gastando bien.

La opacidad se presenta como mecanismo de ahorro, cuando en realidad impide cualquier fiscalización efectiva.

El arte de legislar contra uno mismo

El Gobierno ha defendido en otras ocasiones la necesidad de acercar la información sanitaria a la ciudadanía. Ha hablado de monitorizar políticas públicas, de mejorar la trazabilidad del gasto. Pero cuando llega el momento de legislar, la puerta se cierra con llave.

La ley no representa un paso hacia la modernización, sino una regresión disfrazada de reforma. No corrige los problemas de opacidad previos. Los consolida y los amplía.

¿Y el control democrático?

Si no se conoce el precio de cada medicamento financiado, ¿cómo se controla el gasto público? ¿Cómo se evita el abuso? ¿Cómo se garantiza la eficiencia?

La respuesta es incómoda: no se puede. Porque la opacidad hace imposible cualquier tipo de escrutinio real. Y porque el silencio impide comparar lo que pagamos frente a lo que se ofrece. Lo que debería ser una política pública sometida a evaluación rigurosa, se convierte en un acto de fe presupuestaria.

Financiación pública, secretos privados

El anteproyecto plantea reformas importantes en acceso, prescripción y sostenibilidad. Pero el núcleo de la polémica está en lo que no dice, o mejor dicho, en lo que no quiere que se sepa.

Se ha legalizado que el precio de los medicamentos financiados con fondos públicos sea invisible para los contribuyentes. Y esa decisión, lejos de obedecer a una necesidad técnica, responde a una voluntad política. La de no molestar a quienes fabrican y venden los fármacos.

Epílogo sin receta

Mónica García asegura que su ley es una oportunidad histórica. Tal vez lo sea: nunca antes un Gobierno había blindado con tanta contundencia la confidencialidad en un ámbito tan sensible como la sanidad pública. Mientras el discurso oficial habla de acceso, equidad y sostenibilidad, la realidad se negocia a puerta cerrada.

Y cuando uno no puede saber cuánto se paga, tampoco puede saber si se ha pagado demasiado.