El pasado 24 de julio, el Ministerio de Sanidad anunciaba la creación formal del Grupo de Trabajo sobre Vulnerabilidades y Cambio Climático, una iniciativa promovida por el Observatorio de Salud y Cambio Climático y liderada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
En la nota oficial, el objetivo declarado es "reforzar el análisis y la respuesta institucional ante los impactos diferenciados del cambio climático sobre la salud pública".
A primera vista, parece una apuesta por la anticipación sanitaria frente a una realidad ambiental. Pero una lectura más atenta del comunicado gubernamental revela que este nuevo ente, participado por cuatro ministerios y múltiples ONGs, nace sin mencionar presupuesto, indicadores de evaluación, marco científico de referencia ni plan operativo concreto.
¿Estamos ante una verdadera medida de salud pública o ante una ampliación del aparato institucional sin garantías de eficacia?
Diagnóstico conocido, sin evidencia nueva
La nota de prensa enumera diversos factores de riesgo ante fenómenos como el calor extremo: edad avanzada, enfermedades crónicas, pobreza energética, trabajo al aire libre, trastornos mentales, aislamiento social.
Sin embargo, no se cita ningún estudio científico ni informe técnico que justifique la creación de un nuevo grupo de trabajo interministerial, más allá de frases como "la crisis climática impacta de manera desigual".
La referencia a colectivos vulnerables es reiterada: "personas mayores de 65 años, menores de cuatro años, personas en situación de dependencia, en riesgo de exclusión social...".
No obstante, no se explicita cómo se cuantificará el riesgo adicional que introduce el cambio climático en comparación con otros factores estructurales, ni cómo se aislarán las variables en contextos urbanos, rurales o socioeconómicamente diversos.
Sin memoria económica ni horizonte evaluativo
Uno de los elementos más llamativos del anuncio es la ausencia total de un análisis coste-beneficio. No se menciona cuánto costará mantener activo este grupo de trabajo, qué recursos humanos y técnicos movilizará, ni qué partidas presupuestarias asumirán sus iniciativas.
Tampoco se detalla qué indicadores permitirán valorar su eficacia: ¿se reducirán los ingresos hospitalarios en olas de calor? ¿Mejorará la accesibilidad informativa de los colectivos vulnerables? ¿Se reducirán las desigualdades en salud relacionadas con el clima?
La vaguedad alcanza incluso los objetivos: "garantizar una adaptación climática justa", "asegurar que la respuesta frente a la emergencia climática sea socialmente equitativa", o "promover la accesibilidad universal a la información" son formulaciones que carecen de operatividad técnica o jurídica.
La sombra de la Guía sobre el calor
Entre las acciones previstas, destaca el compromiso de "mejorar la comunicación preventiva, mediante el diseño de mensajes claros, accesibles y culturalmente adaptados".
Esta promesa llega poco después de la publicación de la Guía de comunicación en salud y calor, también del Ministerio de Sanidad, donde primaba su tono infantilizante, su falta de base empírica y sus recomendaciones triviales, "bebe agua", "permanece a la sombra", "no salgas en las horas centrales del día".
No se aclara si este nuevo grupo aprenderá de los errores de aquella guía o si volverá a invertir en campañas de escasa utilidad demostrada. Tampoco se indican qué formatos comunicativos se usarán, cómo se testarán con los públicos objetivo ni qué métricas evaluarán su impacto real.
¿Quién participa y con qué criterio?
El listado de entidades participantes es extenso: Save the Children, Cruz Roja, Cáritas, CERMI, ACCEM, Provivienda, Plataforma del Tercer Sector, Federación Red Acoge, entre otras. Todas ellas con experiencia en intervención social, pero sin competencias técnicas en climatología, salud pública ni evaluación de políticas.
Por parte del Estado, figuran el Instituto de Salud Carlos III, el IMSERSO, el Comisionado de Salud Mental y varias direcciones generales. Sin embargo, no se ha informado de la participación de sociedades científicas, expertos independientes o comités académicos, lo que plantea dudas sobre la neutralidad y el rigor técnico del proyecto.
Justicia climática: bienintencionada, pero ambigua
La nota oficial insiste en el enfoque de "adaptación climática justa", concepto habitual en el discurso climático global, pero carente de definición jurídica o sanitaria precisa. ¿Qué significa en términos operativos? ¿Priorizar recursos en base a renta, edad, geografía, etnia o algún otro criterio? ¿Cómo se evitará que este enfoque derive en una gestión politizada del riesgo sanitario?
En el contexto actual de presión sobre el sistema sanitario, listas de espera crecientes y saturación de atención primaria, cabe preguntarse si este tipo de iniciativas responden a necesidades reales o a lógicas ideológicas y simbólicas.
Transparencia exigida
Para que el Grupo de Trabajo sobre Vulnerabilidades y Cambio Climático no se convierta en otro órgano decorativo sin impacto medible, sería necesario que el Ministerio de Sanidad y los demás implicados publiquen:
- Una memoria económica detallada del proyecto.
- Los informes científicos que avalan sus líneas de trabajo.
- Un plan de acción con cronograma, indicadores y responsables.
- Un sistema de evaluación pública y periódica de sus resultados.
De lo contrario, corremos el riesgo de que esta estructura se convierta en un ejercicio más de expansión burocrática, sin correlato claro en la mejora de la salud pública ni en la lucha contra las desigualdades reales.