El Gobierno castiga a los ganaderos: sigue sin enviar a la UE el informe clave sobre el lobo

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin enviar a la Unión Europea los informes sexenales sobre el estado de conservación del lobo y del resto de especies incluidas en la Directiva Hábitats, amparándose en que todavía está "revisando algunos datos". Así lo ha confirmado la propia Comisión Europea, lo que retrasa una información clave para el control poblacional del depredador, cuya expansión está poniendo en riesgo la actividad ganadera, especialmente en el norte del país.

La Directiva Hábitats obliga a los Estados miembros de la UE a enviar cada seis años a la Comisión Europea un informe oficial sobre el estado de conservación de determinadas especies y hábitats protegidos (entre ellos, el lobo). El Ejecutivo tenía que haber entregado esos informes antes del 31 de julio, pero no ha cumplido el plazo.

Según ha explicado el portavoz de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Maciej Berestecki, en declaraciones a Europa Press, "podemos confirmar que España aún no ha presentado su informe conforme al artículo 17 de la Directiva de Hábitats. Las autoridades españolas han explicado que es necesario revisar algunos datos".

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ya reconocieron a principios de agosto que habían solicitado una ampliación del plazo de entrega. Sin embargo, desde Bruselas alertan de que ese periodo se está alargando sin una fecha concreta de envío.

La excusa para negar el control de poblaciones

De ese informe depende el control poblacional del lobo en nuestro país. El Gobierno avanzó a finales de junio que la conservación del lobo en España podría estar en una situación desfavorable, al contrario de lo que afirman las Comunidades Autónomas. El informe sería la prueba definitiva, pero sin información clara y transparente remitida a Bruselas, cualquier debate sobre el control poblacional queda bloqueado de facto.

Además, la reciente Ley de Desperdicio Alimentario introduce un nuevo elemento de complejidad política. La norma establece, en su disposición adicional octava, que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente deberá dar su visto bueno a los informes sexenales a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Precisamente esta disposición es una de las impugnadas por el Defensor del Pueblo en su recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la ley.

Mientras tanto, el Gobierno sigue ganando tiempo con la "revisión de datos", mientras ganaderos y territorios afectados por la expansión del lobo continúan esperando decisiones basadas en criterios científicos y no en postulados ideológicos que ignoran la realidad del campo español.