El Ministerio de Sanidad impondrá el próximo miércoles el uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios en toda España mediante una declaración de actuaciones coordinadas para igualar la protección frente a los virus respiratorios de todos los ciudadanos y amparar jurídicamente a las comunidades que ya la han implantado.
Así lo han informado a EFE fuentes del departamento que dirige Mónica García, que especifican que esta decisión se toma en virtud del artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que regula la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública y que "obliga a todas las partes" incluidas en ella.
Las mismas fuentes han precisado que la medida se toma únicamente para hospitales y centros de salud, no en centros sociosanitarios o farmacias, como estaba incluido en la propuesta presentada a las comunidades autónomas.
Hasta ahora, solo habían aceptado la mascarilla seis: Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia y, desde mañana, Canarias y Asturias.
García no logró convencer a las CCAA
En la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrada este lunes, han sido mayoría las autonomías que se han posicionado en contra de la propuesta de García. Entre ellas, está Castilla y León. Su consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha destacado que la convocatoria de esta reunión "llega tarde". No obstante, ha defendido que la comunidad cuenta desde hace años con planes de contingencia invernal para hacer frente al incremento de casos de patologías respiratorias.
Por su parte, el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha asegurado que las mascarillas seguirán siendo obligatorias para "proteger a las personas vulnerables" hasta el momento en el que la incidencia permita una desescalada.
"Incomodidad" entre las autonomías
Sin embargo, coincide con su homólogo de Castilla y León en sus críticas a la reunión de este lunes. Para el consejero, ha sido un CISNS "verdaderamente decepcionante, improcedente e innecesario", porque se ha creado en la población una sensación de alerta que "no se correspondía con la realidad". Según Bancalero, ha generado "incomodidad" y "rechazo" entre todas comunidades autónomas, "de todos los colores".
Madrid mantendrá la recomendación de usar mascarilla en los supuestos contemplados desde que finalizara la pandemia en julio de 2023, es decir, ante síntomas y para personas especialmente vulnerables, y ha censurado que el Ministerio de Sanidad haya adelantado las propuestas y medidas que ha llevado a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) "a través de canales no oficiales".
En declaraciones a los medios tras el encuentro, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha recalcado que "todos los consejeros de Sanidad, excepto Cataluña", han coincidido en recomendar el uso de mascarillas "de forma responsable" en los supuestos que ya están indicados desde que finalizara en la pandemia en julio de 2023.
Críticas a la ministra
De igual forma, País Vasco también ha criticado la falta de criterios técnicos de la reunión. Concretamente, ha lamentado que Sanidad "no ha aportado datos sobre incidencia de enfermedades respiratorias ni evidencias científicas sobre la eficacia de las medidas que ha propuesto", entre las que incluía la "universalización" del uso de mascarillas en centros de salud.
Además, ha reclamado que cualquier propuesta que se presente "debería respetar las competencias de País Vasco en materia de Salud" y estar "avalada" por la Ponencia de Alertas y la Comisión de Salud Pública.
La consejera de Salud de La Rioja, María Martín, ha afirmado que la obligación de llevar mascarilla en espacios "vulnerables", como centros sanitarios, farmacias, residencias o centros escolares, debe depender de la incidencia de las enfermedades respiratorias, aunque la ve "recomendable".
En declaraciones a los medios, Martín ha apuntado, como primera valoración del encuentro, que "se ha percibido un enfado generalizado" entre todas las comunidades, "de todos los colores políticos".
Un disgusto que, en primer lugar, se ha debido a la premura de la convocatoria, "que se hizo el viernes por la tarde", y sin los documentos necesarios "hasta las 10 menos cuarto de hoy, cuando ya estábamos reunidos", y que, en cualquier caso, es una reunión "que llega ya tarde".
Y, en segundo término, por el uso de la palabra "colapso" por parte de la ministra, "porque ni una sola de las CCAA presentes ha reconocido que hubiera habido colapso en el sistema sanitario autonómico correspondiente", ante lo que ha afeado que "se lleva a una alarma innecesaria y ni es real ni es verdad".
Por su parte, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, también ha mostrado su descontento con la reunión. A su juicio, estas decisiones deben tomarse en primer lugar en la Ponencia de Alertas y en la Comisión de Salud Pública, donde se elabore un documento donde se establezcan niveles de alertas o indicadores, entre otros, para posteriormente ser avalado en el Consejo Interterritorial.
Por este motivo, Andalucía ha votado en contra del documento propuesto "al carecer de rigor técnico", según ha recogido la Consejería en una nota de prensa.
En la misma línea, el consejero de Sanidad de Galicia, Julio García Comesaña, ve "desproporcionada" la intención que tenía Sanidad de poner la mascarilla obligatoria en centros sanitarios, residencias y farmacias, aunque no se opone a que se aplique en comunidades "que lo precisan". Al igual que sus homólogos, ha reclamado que cualquier medida al respecto se base en "criterios técnicos".
"La práctica unanimidad de los consejeros han criticado a la ministra por el intento de usar el CISNS como si fuera su cuenta de Twitter o una pancarta de una manifestación", ha proclamado García Comesaña, quien ha criticado el carácter "apresurado" de la convocatoria y el hecho de que García anunciase los temas a abordar "fuera" del propio órgano y sin convocar primero ni la Ponencia de Alertas ni la Comisión de Salud Pública.