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Más de 300 piscinas cerradas por un reto viral que pone en riesgo la salud pública

Piscinas de Cataluña, Cantabria y Comunidad Valenciana, Madrid han sufrido cierres por esta práctica, que supone un riesgo sanitario y un delito.

Piscinas de Cataluña, Cantabria y Comunidad Valenciana, Madrid han sufrido cierres por esta práctica, que supone un riesgo sanitario y un delito.
Libertad Digital

Un reto viral que consiste en defecar en piscinas públicas ha provocado el cierre temporal de más de 300 instalaciones en España durante este verano, según han confirmado diferentes ayuntamientos. La práctica, que resurgió en redes sociales tras su aparición en 2018, ha afectado especialmente a recintos de Cataluña, Cantabria y la Comunidad Valenciana, obligando a desinfecciones intensivas para restablecer la seguridad del agua.

Riesgos sanitarios graves

Los expertos en salud pública advierten de que esta conducta no es solo una broma: las heces pueden contener bacterias y parásitos peligrosos, como E.coli, Shigella, Giardia o Cryptosporidium, capaces de causar diarrea, vómitos, fiebre, dolor abdominal e incluso hepatitis A o fiebre tifoidea en casos graves.

El doctor Manuel Viso recuerda que los niños son el grupo más vulnerable, ya que tragan agua de forma accidental con facilidad, y que las personas con heridas abiertas también corren riesgo de infección. Además, el cloro tarda más en eliminar microorganismos cuando hay presencia de materia orgánica.

Municipios afectados y medidas

Entre las instalaciones cerradas temporalmente figuran:

  • Berga, Bellver de Cerdanya y Sant Joan de Vilatorrada (Cataluña)

  • Torrelavega, Astillero, Reocín y Los Corrales de Buelna (Cantabria)

  • Canals, Cerdà y Carcaixent (Comunidad Valenciana)

Para prevenir nuevos incidentes, algunos ayuntamientos han implantado controles de acceso con DNI y reforzado la vigilancia en las instalaciones, además de campañas de concienciación apelando al civismo de los usuarios.

Un delito contra la salud pública

El Código Penal considera que esta conducta puede constituir un delito contra la salud pública, dado que expone a los usuarios a riesgos de contagio. Las autoridades locales insisten en que estos cierres generan perjuicios económicos y sociales, además de molestias a vecinos y turistas en plena temporada de verano.

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