Ni con permiso paterno: la dura ley australiana que inspira el veto de Sánchez a las redes

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años se enmarca en una tendencia global que ha cambiado de forma drástica entre 2024 y 2026, siguiendo lo que se conoce como "modelo australiano" y tras años de autorregulación, de forma que la mayoría de países de nuestro entorno están abandonando el estándar de los 13 o 14 años para dar el salto a los 15 o 16 años.

De este modo, el marco general de la Unión Europea que permitía a cada país fijar la edad de acceso entre los 13 y 16 años (Reglamento General de Protección de Datos), se vio modificado por una resolución del Parlamento Europeo de noviembre de 2025 para armonizar la edad mínima recomendando los 16 años para el acceso autónomo, mientras que el acceso entre 13 y 15 años solo sería con consentimiento paterno. Además, la UE está implementando el veto al scroll infinito y a las notificaciones push nocturnas para cuentas de menores.

En estos momentos, según datos actualizados a febrero de 2026, en Francia la edad mínima para acceder a las redes sociales es de 15 años, con permiso paterno por debajo de esa edad; Portugal, 16 años; Dinamarca, 15 años; e Italia, 16 años. Reino Unido mantiene la edad de 13 años, pero la Online Safety Act (OSA) impone multas millonarias si las redes no filtran contenido dañino. Aprobada a finales de 2023, pero con una implementación progresiva que ha alcanzado su punto álgido en 2025 y 2026, es una de las leyes más ambiciosas y controvertidas del mundo en cuanto a la regulación de Internet.

El "modelo australiano" se ha convertido en el referente mundial en el que se miran los países europeos. Desde diciembre de 2025 Australia tiene una de las leyes más duras del mundo, con una prohibición total de acceso a las redes sociales a menores de 16 años, sin excepciones, ni siquiera con permiso de los padres. Además, las plataformas —Meta, TikTok, X—pueden ser multadas con hasta 50 millones de dólares si no demuestran que han tomado "medidas razonables" para expulsar de las mismas a los menores de 16 años.

El gran desafío, sin embargo, sigue siendo un desafío técnico, es decir: el de la verificación: cómo comprobar la edad sin vulnerar la privacidad. Las soluciones que se están implantando en 2026 pasan por la implantación facial por IA —analizar una foto o vídeo del usuario sin guardar su identidad para realizar una estimación de su edad—; la Identidad Digital Estatal —vincular la cuenta de la red social a aplicaciones oficiales de identidad, como puede ser la Carpeta Ciudadana en España—; veto de tarjetas bancarias —obligar a vincular una tarjeta de crédito para demostrar la mayoría de edad—…