Australia implementa el "Gran Hermano" en la ciudadanía y Europa ya empieza a copiarlo

Australia ha adoptado una regulación digital de amplio alcance: desde el 10 de diciembre de 2025, determinadas plataformas de redes sociales deben impedir que los menores de 16 años creen o mantengan cuentas, bajo la amenaza de sanciones millonarias si no aplican "medidas razonables" de bloqueo por edad. El primer balance oficial difundido por el regulador y el Gobierno habla de cerca de 4,7 millones de cuentas atribuidas a menores, desactivadas, eliminadas o restringidas en el primer mes.

Europa sigue el mismo camino

Ese modelo ya no es un experimento aislado. En Europa, la posibilidad de que se adopten medidas similares es cada vez más verosímil por dos razones: la presión política creciente —nada más apetecible para un político que el control ciudadano— y la existencia de iniciativas concretas. En Francia, los legisladores han aprobado un proyecto para prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 15 años, con un horizonte de aplicación vinculado al próximo curso escolar. Y, a escala comunitaria, el Parlamento Europeo ya ha pedido acciones ambiciosas para prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Además, varios Estados miembros han respaldado propuestas para imponer verificación de edad y controles parentales en dispositivos y servicios, lo que apunta a una convergencia regulatoria.

El instrumento clave: la verificación de edad

Sin embargo, el debate de fondo no se limita a la finalidad declarada (proteger a los menores), sino al instrumento: la verificación de la edad. En la práctica, impedir el acceso a menores exige diferenciar de forma fiable entre menores y mayores. Esto desplaza el sistema hacia un escenario en el que los adultos deben demostrar de manera recurrente que lo son, aportando el DNI o identificación biométrica para acceder a servicios cotidianos. El efecto neto es que la "prohibición para menores" se convierte en un régimen de identificación generalizado para toda la población.

Normas opacas y decisiones automatizadas

El riesgo se agrava cuando los criterios técnicos quedan en manos de normas internas, opacas y heterogéneas, desarrolladas por cada plataforma bajo el paraguas de "medidas razonables". Si cada red social define sus propios umbrales, señales y procedimientos (documentos, estimaciones biométricas, análisis de comportamiento o combinaciones), la ciudadanía queda sometida a decisiones automatizadas difíciles de auditar externamente. Además, nada previene un abuso de petición de información excesiva por parte de estas redes, aprovechando que, "supuestamente", una ley las obliga a ello. Esto abre dos frentes.

Primer frente: discriminación operativa

El primero es la discriminación operativa: falsos positivos que bloqueen a adultos por estimaciones erróneas; sesgos por rasgos faciales, condiciones de iluminación o calidad de la cámara; y exclusiones indirectas de quien no pueda o no quiera aportar determinados datos. Incluso con buenas intenciones, un sistema de edad imperfecto puede traducirse en denegaciones de acceso, fricción desigual y trato dispar entre los usuarios.

Segundo frente: vigilancia masiva

El segundo frente, más estructural, es la vigilancia masiva por intermediación privada. Un mecanismo de edad a escala implica recopilar y correlacionar identificadores: quién es el usuario, cómo verifica su edad, desde qué dispositivo accede y en qué contextos. Si esa capa se integra en el acceso a servicios sociales, mensajería, contenidos y pagos, la plataforma no solo conoce la identidad legal del usuario, sino también sus interacciones, redes y hábitos. No se trataría únicamente de "saber que es mayor", sino de vincular esa condición a un grafo social y conductual, con incentivos comerciales evidentes. Una vez conocida la identidad legal del usuario, se podría, por ejemplo, cruzarla con sus datos disponibles de dirección, multas de tráfico, los estudios que tenemos y mucha más información que ahora no queda directamente vinculada a nuestro perfil de la red social, a menos que lo deseemos voluntariamente.

El precedente australiano y la dirección europea

El precedente australiano y la tracción política en Europa, con Francia como caso adelantado, señalan una dirección: la protección de menores puede terminar consolidando infraestructuras de identificación y trazabilidad, es decir, el tan ansiado "Gran Hermano" por algunos se hará, por fin, realidad en Europa. La cuestión decisiva, antes de extender el modelo, es si los ciudadanos deberíamos tomar cartas en este asunto o es algo que debemos dejar mansamente en manos de nuestros políticos, argumentando el dudoso pero irrefutable argumento de que se hace "por la seguridad de nuestros menores".