Un análisis urgente de España: De la democracia al totalitarismo

No es necesario ser un lince para saber que la calidad de la democracia en España es paupérrima. Cualquier análisis nos sitúa en los últimos lugares del mundo. No hay parámetro que nos salve de un diagnóstico "pesimista", es decir, real. Balance de poderes, democracia interna en los partidos políticos, funcionamiento de las instituciones del Estado, independencia de los medios de comunicación del Estado y de propiedad pública, autonomía del saber respecto al poder político, el grado de tensión y conflicto necesario entre la sociedad civil y el Estado, el nivel de discusión pública de las medidas adoptadas por el Ejecutivo, las dependencias de todas las instituciones, incluida la Casa Real, de las decisiones de Pedro Sánchez, son otros tantos indicadores para saber que España está situada en los escalones más bajos de eso que llamamos democracia…

¿Qué es la democracia? Aparte de una forma de vida que exige autolimitación en el ejercicio del poder por parte de los gobernantes, hay mil fórmulas que la filosofía política ha desarrollado y la gran literatura del siglo XX ha mostrado para determinar qué es la democracia. Sin duda alguna, nada frívola es aquella regla que se fija en el nivel de democracia existente o no en el interior de los partidos políticos. El sistema político español en este punto es tan generoso en la teoría —pues el escaño es propiedad del diputado y no del partido— como pusilánime en la práctica. A quien se sale del carril marcado por el jefe del partido, se le excluye y punto. Lo normal es, pues, reírse con escepticismo si alguien esgrime esta noción para analizar la calidad de nuestra democracia. Algo que debiera verse con toda normalidad, como la pluralidad de opiniones y criterios en el interior de los partidos, se nos presenta como algo anormal. Hasta ahí ha llegado el grado de encanallamiento del sistema político español. Lo normal es una anormalidad y viceversa.

Jorge Pueyo, un político de Sumar, le ha pedido a Sánchez que convoque elecciones si no saca adelante la Ley de Presupuestos Generales del Estado. "Aguantar por aguantar ya no sirve", ha concluido este diputado de la Chunta. Le honra a este hombre expresar algo tan elemental como es la absoluta falta de lógica democrática del gobierno de Sánchez. Y, sin embargo, la cosa ha sido comentada, y con toda razón, como algo extraordinario. Prorrogar algo que es improrrogable en términos de cultura democrática, según lo concibieron los constituyentes españoles, debiera constituir un delito contra la Constitución española, pero no lo es… Sánchez seguirá valiéndose de un "vacío legal", o mejor dicho, de una mera fórmula de nuestros constituyentes para seguir apalancado en el poder; sí, la prórroga presupuestaria era un mecanismo para evitar el bloqueo "temporal" o "momentáneo" del Estado, pero jamás los padres de la Constitución pudieron suponer que alguien pudiera utilizarlo, nada menos que tres años, no tanto para mantenerse en el poder sino para desmantelar todos los mecanismos parlamentarios para controlar al Ejecutivo. Tres años sin Presupuestos es como decir tres años de dictadura socialista. ¿Quién controla los tres mil millones, como mínimo, de que dispone Sánchez para hacer y deshacer a su gusto?…

La utilización torticera de las fracturas del sistema político diseñado en el 78 es la mayor contribución de Sánchez al desmantelamiento de la democracia. Lejos de arreglar las grietas de nuestra Constitución, que sientan las bases del sistema político, Sánchez se ha empeñado en abrirlas en canal pro domo sua. Todos los especialistas en el estudio de la democracia tienen a España como el laboratorio ideal para entender cómo un Estado de Derecho, que aloja un débil sistema democrático, se transforma, definitivamente, en un sistema totalitario. Aprovecharse, en efecto, de los "vacíos legislativos" para desmontar la democracia ha sido la principal novedad que ha aportado el socialismo de Sánchez al totalitarismo triunfante en España. Esto no es, en verdad, autoritarismo sino totalitarismo: la vida privada está más controlada que nunca por el poder político. Es casi imposible encontrar barreras estatales que protejan la libertad privada.

Pruebas de este "nuevo" totalitarismo, que algunos, con criterio clásico, llaman tiranía, abundan por todas partes, pero siempre es oportuno recordar algunas de ellas. Es obligado citar en primer lugar, acaso porque es la más indecente, según ha dicho Felipe González, la aprobación de la denominada Ley de Amnistía, dirigida a extinguir la responsabilidad penal de todos aquellos responsables de la organización y celebración de las consultas independentistas en Cataluña de 2014 y 2017. ¿O acaso no es indecente que esa ley fuera redactada por los propios delincuentes que han sido amnistiados? El sanchismo ha pretendido fundamentar la "constitucionalidad" de esa ley en la siguiente falacia: "El legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente".

Ese "ideologema", que sólo un soberbio de la estirpe de Conde Pumpido puede revestirlo de exacta razón jurídica, ha sido duramente criticado por la Comisión de Venecia y por la Comisión Europea por su absoluta indeterminación que sólo oscurece la separación de poderes exigida por toda democracia que se precie de ese nombre. Se trata, pues, de una autoamnistía que no responde al interés general. Por otro lado, esa ley se aprobó de forma urgente y sin las necesarias garantías jurídicas que una norma de este tipo requiere. A propósito de urgencias, la presentación como proposiciones de ley por el Grupo Parlamentario Socialista de textos elaborados por los ministerios para evitar trámites, informes y garantías es, sin duda alguna otra prueba de cómo el poder político se salta o elude los trámites parlamentarios, aunque quizá sería más exacto decir que está desmontando con nocturnidad y alevosía los mecanismos clave de la democracia parlamentaria. En esta misma óptica debe citarse que el Gobierno ha evitado con mil sucias mañas, durante dieciséis meses, el control de la Cámara Alta.

Pruebas hay por todas partes para mantener que el Gobierno va más allá de una simple adulteración de una regla democrática. La utilización torticera de la ley se ha convertido en el pan nuestro de cada día. La aplicación selectiva de las leyes para perjudicar, o perseguir a la Oposición, es ya una práctica cotidiana, casi una costumbre, de este Ejecutivo, por no extendernos en el uso partidista del Reglamento del Congreso de los Diputados; su presidenta, Francina Armengol, ha bloqueado o aplazado cuarenta proyectos legislativos, algunos aprobados por el Senado. El uso y abuso partidista de la ley está a la orden del día, por ejemplo, el nuevo proyecto de ley de la función pública sólo pretende blindar a los miles de cargos que ha nombrado el PSOE sin otro mérito que pertenecer al partido o ser amigo de Sánchez… Las pruebas sobre la deriva totalitaria del sistema político español se agolpan a cualquier serio analista de España: la renovación del fiscal general del Estado en contra de los informes del Consejo General del Poder Judicial, la aplicación selectiva de la Ley de Transparencia, la retirada de publicidad institucional a medios críticos con el Gobierno, etcétera… La colonización de todas las instituciones por parte del PSOE, junto a la persecución de la justicia por parte del Ejecutivo, o guerra contra los jueces, son apartados capitales del sanchismo que muestra la deriva totalitaria de nuestra débil democracia.

Cualquier análisis de la democracia española, independientemente de los parámetros que utilice, muestra con suma facilidad que corremos un riesgo más grave que un régimen autoritario. Se trata de un sistema totalitario. Es decir, de una "fusión", o mejor dicho, de una confusión del poder político con el ámbito del derecho. Es Sánchez quien pretende decir qué es o no es derecho. El caso del Fiscal General del Estado es de vergüenza ajena. Somos el hazmerreír del mundo. Por fortuna, la Justicia, los tribunales de Justicia, resisten, pero la intención totalitaria del sanchismo no se allana. Persiste. También en lo que se refiere al ámbito del saber, del conocimiento y de la investigación, el sanchismo es implacable, o mejor, ha conseguido que cientos de instituciones del conocimiento se plieguen a sus dictados sobre qué asuntos hay que investigar o desechar. Tenemos las universidades menos críticas del mundo. Por eso, nuestros mejores investigadores huyen como de la peste de un sistema universitario tan anacrónico como poco competitivo. Tiendo, pues, a pensar que el sistema político español es un laboratorio mundial para estudiar cómo se impone el totalitarismo, a saber, la confusión progresiva de los planos del poder, el saber y el derecho.

Es, pues, urgente que la Oposición, o mejor, el PP cumpla la promesa que hizo hace más de un mes Núñez Feijóo: a saber, indicar con pelos y señales cuáles serán las leyes del sanchismo que derogará con carácter inmediato, si es que llega al poder. Es vital que lo diga no sólo para aclararnos sobre su "alternativa" al sanchismo, sino para ayudar a detener el proceso totalitario.