La asociación Acción y Comunicación en Oriente Medio (ACOM) ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por lo que considera una deriva sostenida de activismo político, discriminación indirecta y posible promoción de discursos hostiles hacia el Estado de Israel y hacia el colectivo judío y los israelíes que, además, se desarrolla desde una institución financiada con dinero público.
ACOM advierte, además, que las acciones no se limitarán a la persona jurídica que es la institución, sino que también se dirigirán contra su director, Manuel Segade, como máximo responsable ejecutivo de la programación, de los actos celebrados en las instalaciones y del cumplimiento de "los deberes de neutralidad y objetividad exigibles" a toda entidad de este tipo.
La denuncia llega después de hacerse público que un grupo de visitantes israelíes fue expulsado del interior del museo por llevar una bandera de su país, un hecho que ha levantado la lógica polémica.
¿Pinacoteca o una asamblea militante?
ACOM recuerda que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, "en su condición de entidad de derecho público, debe circunscribirse estrictamente a sus fines estatutarios, ajenos a cualquier deriva propagandística o activista", por lo tanto **no puede ejercer como una "plataforma de agitación política"** ni "convertirse en caja de resonancia de consignas que cuestionen la legitimidad internacional de un Estado miembro de Naciones Unidas".
Y todavía "mucho menos puede permitir o alentar" que "estas dinámicas" acaben derivando "en el señalamiento de ciudadanos por su origen nacional o étnico", tal y como habría ocurrido el pasado fin de semana.
ACOM recuerda que la "libertad artística" es un "principio básico en una sociedad abierta", pero eso no significa que pueda usarse como "un salvoconducto para la parcialidad institucional" ya que "cuando la Administración actúa, lo hace sujeta a los principios de neutralidad ideológica e igualdad ante la ley", algo que la asociación recuerda que "no se trata de una opción estética, sino de una obligación jurídica".
Como resultado de todo lo anterior, ACOM ha anunciado que acudirá a las vías administrativa, contencioso-administrativa "e incluso penal si fuera necesario", con el objetivo de depurar responsabilidades y "evitar que el patrimonio cultural común sea utilizado como instrumento de propaganda política".
Otras polémicas antiisraelíes del Reina Sofía
Mientras ahora el Museo consideraba inaceptable que visitantes individuales luzcan una bandera de Israel, en 2024, el museo exhibió en su fachada la bandera palestina por un ciclo de actos que, además, tenía un título que incluía el conocido lema "desde el río hasta el mar", una consigna que cuestiona la propia existencia del Estado de Israel, lo que provocó protestas formales y una notable polémica.
Este mismo mes de febrero el museo organizó el seminario "Gaza y el esteticidio", un acto en cuya presentación se calificaba la actuación de Israel en Gaza con términos como "genocidio" y "ecocidio", asumiendo una narrativa de enorme carga política y jurídica que, según ACOM, no tiene nada que ver con el análisis académico y que, por el contrario, "entra con claridad en el terreno del señalamiento colectivo".
En otras ocasiones, el museo ha sido el testigo pasivo, o incluso complaciente, de actos contra Israel, como cuando el 12 de octubre de 2025 unos activistas desplegaron pancartas y banderas con el lema "Stop genocidio" en la sala que alberga el Guernica de Pablo Picasso, obligando al desalojo temporal de visitantes. Una protesta que no sólo se produjo en el interior del museo sino que afectó a una de las obras más conocidas y emblemáticas, no sólo del propio Reina Sofía, sino de todo patrimonio artístico español.
Un patrón de conducta
A juicio de ACOM, la reiteración de estos episodios dibuja un patrón que excede lo anecdótico y apunta a una orientación institucional que, lejos de la neutralidad exigible a un organismo público, se parece mucho más al activismo ideológico.
Tal y como explica la asociación, ahora será la Justicia la que determine si este comportamiento tiene encaje en el ordenamiento jurídico español o si, por el contrario, "el museo ha traspasado los límites que la ley impone a quienes gestionan bienes y espacios de todos".