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¿Pedirá perdón el Gobierno vasco por las matanzas en Bilbao?

Llama la atención es que el PNV de 2017 considere legítimo al bando nacional mientras libraba una guerra contra el Gobierno del que formaba parte hace 80 años.

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Desde hace unos 200 años, España marcha con retraso en los grandes movimientos políticos y culturales europeos. Uno de las manifestaciones de ese retardo es el trato que reciben las víctimas de las grandes convulsiones del siglo XX. Durante gran parte del régimen franquista los muertos inocentes del bando del Frente Popular no existieron en el discurso público, olvido que fue atenuándose en sus últimos años. Hoy el Gobierno español y todos los gobiernos autonómicos han eliminado de la historia oficial a las víctimas de la izquierda y los nacionalistas desde 1934 hasta los estertores del maquis.

Este comportamiento es propio de la desaparecida URSS. Los soviéticos no sólo borraron –al menos durante unas décadas- a sus víctimas de la historia y sus vergüenzas (se reprimió hasta el hecho de que los alemanes bombardearon Moscú), sino sus genocidios. Stalin consiguió que los demás aliados aceptasen condenar a los alemanes por la matanza de polacos en Katyn. En las décadas siguientes, los comunistas y sus ‘compañeros de viaje’ llamaban neo-nazis a quienes acusaban a los soviéticos de haber asesinado a 22.000 militares polacos.

Moción en el Senado del ‘Grupo Vasco’

Por obra de la Ley de ‘memoria histórica’, ya es oficial que las instituciones sólo recuerden a un sector de víctimas de la guerra civil. Una democracia, que por definición incluye y representa a todos los ciudadanos, se está comportado como el franquismo, a fin de cuentas un régimen legitimado por la victoria militar en una guerra civil y una dictadura. En el Senado del Reino de España vamos a asistir al último episodio de este sectarismo.

Los senadores de PNV, a los que desde la constitución de las Cortes de 1977 la mesa les permite llamarse en el Senado y el Congreso Grupo Vasco, como si no hubiera otros parlamentarios vascos, sigue dando la tabarra con el bombardeo de Guernica para alimentar el victimismo y su peculiar superioridad. Cuando no reclama el traslado del cuadro Guernica a Guernica (curiosamente el presidente del Gobierno vasco, José Antonio Aguirre, lo calificó de "birria"), reclama que el Gobierno nacional pida perdón por el ataque aéreo de abril de 1937.

La moción, que se debatirá esta semana, propone que el Senado inste al Estado español a que reconozca la "responsabilidad del Estado" en el bombardeo de Guernica y "muestre sus disculpas al pueblo de Guernica por todo el sufrimiento injustamente causado". Lo primero que llama la atención es que el PNV de 2017 considere legítimo al bando nacional mientras libraba una guerra contra el Gobierno del que formaba parte hace 80 años. Aunque semejante delirio es comprensible, porque las organizaciones alavesa y navarra del PNV expresaron su respaldo al 18 de julio.

Bien podría el PNV predicar con el ejemplo y pedir disculpas por su responsabilidad en las matanzas de casi 230 presos indefensos ocurridas en Bilbao el 4 de enero de 1937 y que superan en mucho los muertos en Guernica, que una asociación local calcula en algo más de 150.

Las matanzas silenciadas

Y es que en Guipúzcoa, donde los rebeldes fueron derrotados por las milicias de izquierdas en el sitio del Cuartel de Loyola, y Vizcaya, donde no hubo más que unas escaramuzas, se produjeron diversas matanzas de civiles y prisioneros bajo custodia.

En San Sebastián, ocupada por las tropas del general Mola el 13 de septiembre de 1936, las izquierdas y los penevistas tuvieron tiempo de ‘ajustar cuentas’. Por ejemplo, fueron asesinados Joaquín Beunza Redín, jefe de la Minoría Vasco-Navarra en las Cortes Constituyentes, en la que participó el PNV, y partidario de conceder el voto a las mujeres; Víctor Pradera, pensador tradicionalista y ex diputado, al que no sirvió de nada su inmunidad como miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales de la República; y el hijo de éste, Javier Pradera, no implicado en política.

A Víctor Pradera le hizo detener y encarcelar en Ondarreta el consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Guipúzcoa, Telesforo Monzón (peneuvista que en la Transición se pasó a Herri Batasuna), al que Pradera había ridiculizado como maketo según la doctrina de Sabino Arana.

En Bilbao, cientos de implicados en el alzamiento y simples sospechosos fueron detenidos por orden del gobernador civil, José Echevarría Novoa (Izquierda Republicana) y los milicianos. Se les encerró en dos barcos-prisión: el Cabo Quilates y el Altuna Mendi, anclados en la ría (posteriormente, llegó de San Sebastián el Arantzazu Mendi con más presos).

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Con la excusa de los bombardeos sobre la población civil (los primeros bombardeos aéreos y navales sobre objetivos civiles en la guerra los ordenó el Gobierno del Frente Popular) y en violación de todas las leyes de guerra, los milicianos socialistas, comunistas y anarquistas y la marinería del acorazado Jaime I asesinaron a 125 personas entre finales de agosto y finales de octubre. Además, el 25 de septiembre, después de un bombardeo sobre Durango, los milicianos del Batallón Rusia (JSU) sacaron de los calabozos de esta villa a 22 detenidos y los fusilaron sin juicio en el cementerio local.

De los barcos-prisión a cárceles en tierra

Después de negociar simultáneamente con el Gobierno de Madrid y con Mola para vender su apoyo, lo que quedaba del PNV optó por el Frente Popular, que le daba más. El 7 de octubre se formó el Gobierno vasco, de coalición de todos los partidos y presidido por José Antonio Aguirre; las competencias de Policía las asumió la Consejería de Gobernación, dirigida por el ya citado Monzón, y las de Justicia (y Cultura) la Consejería de Jesús María de Leizaola. Los tres citados eran del PNV.

Los presos supervivientes y los que iban llegando fueron traslados a cuatro cárceles en Bilbao, la provincial de Larrínaga, y otras tres improvisadas: el convento de El Carmelo, el convento de los Ángeles Custodios y la Casa Galera. El PNV, que siempre se sintió incómodo con sus aliados de izquierdas (de los mercados bursátiles que había en España sólo permaneció abierto el de Bilbao y una vez perdida Vizcaya negoció la rendición de sus tropas en Santander con los fascistas italianos), empleó los presos para canjes con otros en poder del enemigo.

El avance de las tropas de Mola se detuvo en septiembre de 1936 y el frente, en la linde entre Vizcaya y Guipúzcoa (Ondárroa bajo control de los nacionales y Eibar bajo el de los republicanos), se convirtió en estático. La única operación militar hasta marzo de 1937 fue la ofensiva de Villarreal, con la que Aguirre y el general Llano de la Encomienda querían romper el frente sur y amenazar Vitoria, acabó en desastre.

Las novedades se producían en el mar y el aire, y en tierra la delirante construcción del Cinturón de Hierro, que no sirvió para nada.

La incompetencia del Gobierno vasco

El 4 de enero de 1937 a las 3 de la tarde se produjeron una batalla aérea sobre la zona de Bilbao y la ría entre las dos aviaciones y un bombardeo en el que murieron sólo cinco personas. La caza republicana abatió un trimotor de la Legión Cóndor; dos pilotos alemanes se pudieron lanzar en paracaídas sobre Bilbao y mientras uno fue capturado vivo el otro fue linchado.

A continuación una multitud encabezadas por oficiales y soldados de los batallones Malatesta de la CNT y Castilla de las JSU se dirigió ‘espontáneamente’ a las cárceles. La primera en ser asaltada fue la de Larrínaga, donde la chusma penetró gracias a que dos funcionarios abrieron los rastrillos. Allí los asaltantes mataron a los presos que encontraban en las celdas y la enfermería. En total murieron 55 personas.

En El Carmelo, aunque también los funcionarios desleales abrieron las puertas, los presos, casi 1.500, entre los que había numerosos militares, organizaron una defensa y rechazaron a los sicarios. Sólo murieron siete presos.

En los Ángeles Custodios se produjo la mayor matanza ese día, pero la cometieron miembros del batallón Asturias, de la UGT, al que la Consejería de Gobernación había pedido ayuda. Una vez dentro del convento, los socialistas asesinaron a los presos en sus celdas y a otros los fusilaron de cinco en cinco en el patio. Los caídos fueron 109.

La matanza de la Casa Galera también la cometió el batallón Asturias: 53 personas. La mortandad habría sido mayor si el director de la cárcel no hubiera abierto una puerta trasera por la que escaparon muchos presos.

En las cuatro cárceles los cadáveres fueron saqueados, hasta el punto de que algunos de ellos aparecieron con los dedos cortados para robarles los anillos.

Lo primero que hizo el Gobierno de Aguirre fue prohibir que la prensa de Bilbao publicase noticias sobre la matanza. A la semana siguiente, la Consejería de nombró un juez especial, Julio Jáuregui, que en marzo dictó autos de procesamiento y prisión contra más de un centenar de participantes en las matanzas. El Gobierno que se llamaba a sí mismo legítimo no juzgó a nadie. Los nacionales entraron en Bilbao el 19 de junio siguiente.

Después de 40 años de autogobierno, ya no queda ningún monumento o acto que recuerde esta matanza.

Uno de los supervivientes del asalto a la cárcel del Carmelo fue Javier Ybarra de Bergé (1913-1977). Cuando el Gobierno vasco, la Gudaroste y las milicias de retiraron de Bilbao ante el empuje de los nacionales, cuya punta de lanza eran las Brigadas de Navarra, formadas por requetés, se les llevaron él y a otros encarcelados en dirección a Santander. Temiendo ser asesinado, huyó en Trucíos el 21 de junio; el 12 de julio estaba encuadrado en un batallón en la IV Brigada de Navarra; y en agosto de 1938 una herida en el frente del Ebro le causó una cojera permanente. En la posguerra desempeñó varios cargos empresariales y también políticos. Quien había sobrevivido a la guerra, como preso y como combatiente, murió a manos de los terroristas. Unos etarras le secuestraron en su casa el 2º de mayo de 1977; el cadáver de Javier Ybarra se halló el 22 de junio, después de las elecciones generales celebradas el día 15.

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