Arcadi Espada ha definido al magistrado Ricardo González, que en su trabajado voto particular solicitó la absolución para los miembros de ‘La Manada’, como un "héroe cívico".
Desde luego, este juez merece reconocimiento por haberse atrevido a desafiar al Imperio Progre, cuyos pretorianos están ya amontonando leña para las hogueras en las que quieren quemar a los disidentes. Pero él no ha sido el primer magistrado al que un Gobierno ha intentado triturar. Esa lamentable primicia correspondió a Marino Barbero (1929-2001), un prestigioso penalista extremeño que accedió a su primera cátedra de Derecho Penal en 1963.
Después de una carrera en la universidad y la Administración, en 1986 Barbero se incorporó al Tribunal Supremo por el cuarto turno, nombramiento aprobado por el Consejo General del Poder Judicial.
En junio de 1991 Barbero comenzó la instrucción de un sumario sobre la corrupción del PSOE. El partido socialista había montado un entramado de empresas para financiarse (Malse, Filesa, Time Export). A estas sociedades, numerosos bancos y grandes empresas pagaban enormes minutas por informes y servicios inexistentes. Por esta vía llegaron al PSOE más de 1.000 millones de pesetas para sus campañas electorales y el referéndum de la OTAN.
En los años siguientes, Barbero registró la sede del PSOE en Madrid y el Banco de España para obtener la documentación que se le negaba, pero topó con la oposición de los socialistas, que entonces estaban en el Gobierno y disponían de todo el poder del Estado. Se tocó a rebato y se cargó contra el insolente que manchaba los nombres de quienes habían traído la democracia a España.
Un magistrado que era como los etarras José María Benegas y Joaquín Leguina insultaron a Barbero. El ministro de Justicia, Tomás de la Quadra, afirmó que había móviles políticos detrás de sus autos. Y hasta Felipe González descendió de su Olimpo para quejarse de que
el PSOE no gozaba de presunción de inocencia, la misma que años después la ley de violencia de género ha arrebatado a los varones.
En esta campaña, la mayor infamia corresponde al presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que hizo de Luca Brasi para proteger a la ‘famiglia’ socialista. En enero de 1993, Ibarra insinuó que Barbero, como otros magistrados, no había pagado un crédito bancario. ¿De dónde sacó el ‘bellotari’ esa información?, ¿y por qué defendía la cuenta de resultados de un banco?
El 16 de febrero de 1995, Barbero entregó a la sala segunda del Tribunal Supremo un escrito en el que pedía el suplicatorio para el ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, debido a un presunto delito electoral por su implicación en el caso Filesa.
Cuando Barbero finalizó la instrucción, en mayo de ese año, Ibarra soltó el mayor de sus miserables insultos. Según el ‘bellotari’, Barbero quería intervenir en política "dictando sentencias, abriendo y cerrando sumarios, al igual que hace ETA, que quiere participar en política poniendo bombas". Barbero pidió amparo al CGPJ, presidido por el jurista afín al PSOE Pascual Sala, y el organismo se lo negó por 18 votos contra 11. Entonces, Barbero renunció a la carrera judicial en julio. Alegó que no había tenido el amparo del CGPJ ante las declaraciones insultantes de Rodríguez Ibarra contra su honor y su independencia. En El País añadieron una nueva insidia: Barbero se iba porque su instrucción no había tenido la repercusión de otros casos.
El jurista se incorporó al claustro de la Universidad de Castilla La Mancha y falleció en 2001, a los 72 años de edad.
La dureza de la campaña contra Barbero se debió a que tenía razón.
La condena da la razón a Barbero
Otro magistrado prosiguió la instrucción y en septiembre de 1997 comenzó el juicio, en una de cuyas sesiones declaró como testigo el expresidente del Gobierno Felipe González. La ‘célula’ socialista en el Supremo trató de impedir que se tomasen fotos de González declarando, pero un fotógrafo de El Mundo, Fernando Quintela, introdujo una cámara en la sala y la consiguió. El 28 de octubre, el Tribunal Supremo comunicó la sentencia en la que condenaba a varios dirigentes socialistas: Carlos Navarro, Josep Maria Sala y Aída Alvarez.
En una conferencia en 1994, Barbero afirmó: "La independencia judicial es la última esperanza de la sociedad para combatir a un poder político corrupto y prepotente".
¿Qué ha cambiado en estos veinte años entre los magistrados Marino Barbero y Ricardo González? Sólo el partido que ejecuta su linchamiento: en el primer caso fue el PSOE; en el segundo, el PP.
Porque al final los partidos del Estado de Partidos son los mismos perros que, para distraer a los tontos, llevan distintos collares. Tanto PP y PSOE, como los nacionalistas, muerden a los que les quieren poner una cadena o un bozal.