En la Constitución Española, la formación de comunidades autónomas no era en modo alguno obligatorio, sino potestativo. Sin embargo, los partidos UCD y, sobre todo, PSOE extendieron la fiebre autonómica como quien extiende una plaga para diluir las reclamaciones de los separatistas vascos y catalanes, así como para contar con inmensos pesebres para sus afiliados. Por ello, pedir la desaparición de las existentes no es inconstitucional.
El desconcertante Título VIII establecía dos vías para acceder a la autonomía: una lenta y otra rápida. La lenta ´se fijaba en el artículo 143, más lento en su tramitación, no configuraba las instituciones autonómicas y limitaba las competencias que podrían asumirse (enunciadas en el art. 148.1) durante cinco años. La rápida aparece en el artículo 151 y además permitía más competencias desde el momento de formarse a la nueva comunidad; pero exigía un referéndum.
Este referéndum, convocado por ley orgánica, tenía que ratificar la iniciativa de las Diputaciones provinciales con el voto afirmativo de la mayoría absoluta del censo de electores de cada provincia. En 1979, los vascos y catalanes habían ratificado sus estatutos de autonomía; en el caso vasco con ETA prosiguiendo sus asesinatos terroristas (cinco en el mes anterior a la consulta y uno más solo dos días después de celebrar el referéndum) y en el caso catalán con un apagón eléctrico durante el recuento; en ambos, la abstención superó el 40%.
El PSOE de Felipe González, que había sido derrotado por segunda vez en las elecciones generales de marzo de 1979 por Adolfo Suárez, encontró una manera de desgastar a la UCD y de ganar unas elecciones promoviendo en Andalucía (donde era el partido mayoritario y cuyas Diputaciones ya controlaba), una campaña para acceder a la autonomía por la vía del 151.
El Gobierno nacional y el PSOE pactaron celebrar el referéndum el 28 de febrero de 1980. Los socialistas recurrieron a la demagogia en la que ya eran maestros: cortijos, señoritos, hambre, explotación, pobreza, reforma agraria, emigración… y con la autonomía vendrían la riqueza y la felicidad. La UCD promovió la abstención, pero uno de los ministros de Suárez, Manuel Clavero Arévalo, ministro y presidente del partido en Andalucía, se pronunció a favor del ‘sí’; este catedrático es uno de los grandes responsables de la extensión del Estado autonómico y de sus consecuencias.
La votación cumplió las condiciones fijadas (voto afirmativo de la mayoría absoluta del censo) en seis de las ocho provincias: Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga y Granada. En Jaén se superó el 50% después de unas oportunas impugnaciones y nuevos recuentos en los días posteriores al 28 de febrero. Pero en Almería no había manera de modificar el resultado, ya que de 285.139 personas censadas los votos favorables se quedaron en 119.550, un 42%. La izquierda andaluza, formada por el PSOE, el PCE y el PSA, llegó a proponer la repetición de la consulta solo en Almería. Es decir, se comportó como luego hemos visto a los eurócratas: si en un referéndum los daneses, los irlandeses o los franceses rechazan un tratado, a éste se le hacen unos retoques y lo aprueba el Parlamento nacional, que las urnas las carga el diablo.
También se planteó la unión de Almería con Murcia y hasta la conversión de Almería en comunidad uniprovincial, al estilo de Santander y Logroño, separadas de Castilla La Vieja y convertidas en Cantabria y La Rioja (en cambio a la mutilada Castilla se le añadieron las provincias del reino de León).
A los almerienses les corrigieron las Cortes
No hizo falta. Suárez y González realizaron un apaño. Por responsabilidad y estabilidad, el Estado y la derecha cedieron ante el PSOE, que había causado la crisis. Los dos políticos acordaron añadir una modificación en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/1980, que regula las distintas clases de referéndum que se pueden celebrar, por la que, la mayoría de los diputados y senadores de la provincia o provincias donde no se hubiera obtenido esa mayoría del censo podía pedir a las Cortes Generales que sustituyeran "la iniciativa autonómica". Y encima, se añadió una disposición transitoria según la cual la modificación del artículo 8 tuvo efectos retroactivos… como las leyes de ‘memoria histórica’.La votación de la reforma se hizo en octubre e inmediatamente los diputados y senadores de Almería propusieron a las Cortes españolas que sustituyeran la voluntad de los almerienses… esos obcecados.
Los almerienses comprobaron que su opinión no contaba para los nuevos ‘señoritos’, desprecio que, en parte, explica el desapego que existe en esta provincia hacia la Junta establecida en Sevilla.
No fue éste el único caso ese año en que los políticos conocieron el rechazo popular a sus planes. En diciembre de 1980, se celebró un referéndum de ratificación del estatuto de Galicia, en el que votó a favor menos del 21% del censo; la abstención superó el 71%. La partitocracia impuso a los gallegos una Xunta y un Parlamento por el que sentían un completo desinterés.
Si ahora es alto el desprestigio de la clase política, en esos años pudo ser aunmayor. Al año siguiente, Suárez dimitió y se produjo el 23-F.
En la Transición abundaron estos chanchullos, como el mensaje del rey Juan Carlos de apertura de las Cortes elegidas en 1977 que por arte de birlibirloqueconvirtió éstas de ordinarias en constituyentes, aunque los españoles habían votado sin saber que elegían una asamblea constituyente. Por ello, no debe asombrar que la Generalitat catalana no haya cumplido nunca ni una de las sentencias sobre la lengua vehicular en la educación y que el Gobierno nacional se lo haya permitido. Desde los primeros años, se crearon unos hábitos que luego se fosilizaron.