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Pedro Fernández Barbadillo

Lluvia de indultos a terroristas y golpistas, una larga tradición en la España del siglo XX

Lo sorprendente es que la izquierda republicana y vegana ahora defienda los indultos, residuos de las Monarquías Absolutas que no deberían existir en democracia, donde se considera que la ley es emanación del pueblo.

Pedro Fernández Barbadillo
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Lo sorprendente es que la izquierda republicana y vegana ahora defienda los indultos, residuos de las Monarquías Absolutas que no deberían existir en democracia, donde se considera que la ley es emanación del pueblo.
Companys, Tarradellas, Xirau y otros representantes de ERC, en octubre de 1934 | Archivo

Contaba Julio Camba en uno de sus artículos de Haciendo la República que en un viaje en tren, todos los ocupantes del departamento viajaban gratis salvo él. Un diputado con pase de las Cortes, un soldado, una señora invitada por la compañía… El único que había pagado el billete era Camba y cuando lo entregó al revisor éste le miro con gesto de sorna, pues pensó que el escritor gallego era un desgraciado incapaz de viajar de balde. Los ‘salvamundos’, desde Bill Gates a Teresa Ribera, nos anuncian que para impedir la destrucción del planeta tenemos que dejar de comer carne y de usar el avión. Por supuesto, los hijos de Barack Obama, de Pedro Sánchez y de Angelina Jolie no dejarán de comer solomillos ni de viajar en jet privado. Los condenados al brócoli y al tren-cama somos los demás.

La experiencia española demuestra que, tanto en dictaduras como democracias, en repúblicas o monarquías, en Estados unitarios o en cantones, las leyes solo las cumplen los que no tienen otra alternativa. Y basta ver el uso del indulto por todos los gobernantes. En España, sublevarse contra el Gobierno o matar a un primer ministro no tienen tantas consecuencias como dejar de pagar impuestos, que esto es lo imperdonable para la oligarquía política y funcionarial, el privarla de recursos económicos.

Magnicidios impunes

Las Monarquías de Isabel II, Alfonso XII y Alfonso XIII, presentadas por los republicanos como oscurantistas y represoras, recurrieron al indulto y la amnistía, no sólo para concedérselos a los generales pronunciados (la mayoría de las veces a instancias de políticos civiles), sino también a terroristas.

Después del intento de asesinato de Alfonso XIII y Victoria Eugenia en 1906, por Mateo Morral, en el que fueron asesinadas veinticinco personas, otros tres anarquistas recibieron condenas bajas, pero se les indultó al año siguiente.

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Atentado de Mateo Morral

En septiembre de 1911, se produjo en Cullera un motín en el que los revoltosos, nuevamente anarquistas, mataron de manera horrible a un juez y dos alguaciles enviados a sofocar la revuelta. Se dictaron siete condenadas a muerte, pero los abogados de los presos denunciaron torturas y malos tratos. Y después de la habitual campaña en contra por parte de la prensa de izquierdas española y de protestas internacionales, el Gobierno liberal de José Canalejas indultó a seis de los presos; el rey impuso el indulto también al cabecilla. Al año siguiente, Canalejas fue asesinado.

Dos de los tres asesinos del conservador Eduardo Dato, en 1921, fueron condenados a cadena perpetua en 1923, pero quedaron libres por la amnistía dictada por el Gobierno Provisional de la República. El tercero, que había huido de España, regresó y murió dos años después en un accidente de motocicleta.

Sin embargo, la sociedad española solía conmoverse pasado un tiempo después de enterrados los muertos y muchos pedían la conmutación de las penas capitales. Uno de los clavos en el ataúd de la Monarquía borbónica fue la ejecución de los capitanes Galán y García Hernández, sublevados en Jaca en diciembre de 1930, aunque éstos habían declarado en un bando su intención de fusilar a quien se les opusiera y causaron varias muertes, incluidas las del gobernador militar de Huesca.

Amnistías a Sanjurjo, Companys y Prieto

Como hemos dicho, la República se estrenó con una amplísima amnistía que puso en las calles españolas no sólo a conspiradores políticos, sino, además, a muchísimos delincuentes. La Constitución de 1931 reguló las amnistías (reservadas a ley) e indultos en su artículo 102.

El general José Sanjurjo fue condenado a muerte por su sublevación en agosto de 1932; el año anterior había sido decisivo como director general de la Guardia Civil para el triunfo de la República. Sin embargo, Alcalá Zamora, jefe del Estado, y Manuel Azaña, presidente del Gobierno, que en 1930 habían participado en la conjura que condujo a la sublevación de Jaca, le indultaron y rebajaron la pena a cadena perpetua.

Las Cortes de mayoría derechista de 1933 aprobaron una ley de amnistía en abril de 1934 (presentada por el gobierno de Lerroux) que permitió el regreso de José Calvo Sotelo, exiliado para escapar de las represalias por haber sido ministro de Primo de Rivera, el retorno de docenas de deportados por Azaña en virtud de la Ley de Defensa de la República y la liberación de Sanjurjo. Éste incluso recuperó su grado y su sueldo. Luego se instaló en Portugal, donde volvió a dedicarse a la conspiración. Murió el 20 de julio de 1936 cuando se estrelló el avión en el que iba a volar a Burgos.

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Indalecio Prieto

Después de la conquista del poder por parte del Frente Popular, mediante el fraude electoral primero y las movilizaciones después, el Gobierno nombrado ilegalmente por Alcalá Zamora y presidido por Azaña aprobó un decreto-ley de amnistía para los condenados por la revolución de octubre de 1934, en la que murieron en torno a 1.500 personas. El 21 de febrero, incluso los diputados de derechas de la Diputación Permanente convalidaron el decreto-ley con la esperanza de calmar los disturbios.

Gracias a esta amnistía volvió a España el socialista Indalecio Prieto, que había huido para evitar su encausamiento por este golpe de Estado (tercera huida de España, después de 1917 y 1930). La medida de gracia permitió el reingreso de funcionarios expulsados por su implicación y hasta de empleados en las empresas donde habían practicado la violencia y hasta asesinado al propietario. La amnistía también alcanzó a los golpistas de la Generalidad, incluso al comandante Pérez Farrás, jefe de los Mozos de Escuadra que había iniciado los tiroteos el 6 de octubre. Lluís Companys, condenado a treinta años, no había cumplido ni dos de ellos cuando regresó a Barcelona. Después, presidió la Generalidad durante la guerra, permitió matanzas por ‘incontrolados’ y firmó docenas de penas de muerte. En 1940, fue condenado a muerte (por un tribunal formado por catalanes) y ejecutado.

Franco, el mayor indultador

El general Franco concedió diez indultos, cinco amnistías (tres de ellas por delitos monetarios y fiscales) y una prescripción de delitos anteriores al 1 de abril de 1939. De estas medidas, cuya lista completa doy en mi libro Eternamente Franco, se beneficiaron combatientes y dirigentes del bando izquierdista de la guerra, como Santiago Carrillo por la matanza de Paracuellos. Jordi Pujol, encarcelado en Zaragoza en 1960, solicitó a Su Excelencia la aplicación del indulto de 1961, dado para conmemorar el XXV aniversario de la elección de Franco como jefe del Estado.

El franquismo encargó a la jurisdicción militar la represión de los delitos de terrorismo, en vez de a la penal ordinaria, lo que llevó a situaciones absurdas como el famoso consejo de guerra celebrado en Burgos en 1970. Los militares dictaron seis condenas de muerte por tres asesinatos, pero la movilización nacional y extranjera, y de la propia Iglesia, forzó al Gobierno a conceder el indulto a los etarras. Una absurda combinación de dureza y clemencia que no convencía a nadie. En 1977, todos los condenados fueron liberados por la amnistía aprobada por las Cortes Constituyentes. Los muertos, claro, siguieron en sus tumbas.

La última ley de amnistía

Esta ley de amnistía, la última por ahora, ya que la Constitución aprobada el año siguiente las ha prohibido, benefició a terroristas asesinos. Semejante medida de gracia no conmovió a muchos de esos asesinos, sobre todo de ETA, pues volvieron a matar.

Desde entonces, a los Gobiernos sólo les queda el indulto como medida de gracia. Y lo han usado con abundancia en estos años. De los indultos se han beneficiado el general Alfonso Armada, los socialistas José Barrionuevo y Rafael Vera, docenas de políticos, empresarios y funcionarios condenados por corrupción, un famoso banquero, muchos condenados a penas bajas por narcotráfico (mulas y camellos), terroristas de Terra Lliure y algunos delincuentes con abogados muy hábiles.

Lo sorprendente es que la izquierda republicana y vegana ahora defienda los indultos, residuos de las Monarquías Absolutas que no deberían existir en democracia, donde se considera que la ley es emanación del pueblo. El Rey no debe de ir a misa porque vivimos en un Estado aconfesional, pero sí puede conceder indultos.

Debates intelectuales aparte, la experiencia confirma una y otra vez, se trate de Sanjurjo, de Companys o de pistoleros etarras, que los indultos y amnistías a condenados por actos políticos (terrorismo y golpes de Estado) no sirven de nada, no traen paz social. Los liberados ni se arrepienten ni los agradecen. Son una merced de los políticos para recompensar a sus socios. Como los estancos a las viudas de guerra.

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