La izquierda y sus tontos útiles no quieren ganaderos, no quieren toreros, no quieren niños, no quieren agricultores, no quieren carniceros, no quieren policías, no quieren turistas, no quieren monjas, no quieren fábricas, no quieren barbacoas…, y no quieren centrales nucleares. Nos van a dejar un país atravesado por carriles-bici.
Mientras el presidente de Francia anuncia la construcción de nuevas centrales nucleares en el país, el segundo del mundo en la generación de energía por esta tecnología, el Gobierno de izquierdas ha reafirmado su objetivo de cerrar los siete reactores que quedan, y que producen más de un 20% de la electricidad que consumimos, entre 2027 y 2035. La alternativa para los ecosostenibles y solidarios que nos gobiernan consiste en generar energía ‘limpia’ mediante placas solares y generadores eólicos.
¡Y pensar que España fue la séptima potencia nuclear del mundo, cuando también era la novena potencia económica!
Reacción al ‘crack’ petrolífero
El régimen franquista había empezado a interesarse por la energía nuclear después de 1945, en su búsqueda de energías propias para alimentar el desarrollo económico y en 1948 constituyó la Junta de Investigaciones Atómicas. Entre 1968 y 1970 se inauguraron tres reactores nucleares: José Cabrera (Guadalajara), Vandellós I (Tarragona) y Santa María de Garoña (Burgos). De ellos, el primero y el tercero, ya se han clausurado y están en desmantelamiento.
Después del ‘crack’ petrolífero de 1973, el Gobierno de Arias Navarro elaboró el Plan Energético Nacional de 1975, en que se programaba la construcción de una veintena de reactores nucleares. España era la séptima potencia nuclear del mundo y un sector del régimen franquista, encabezado por el general Agustín Muñoz Grandes, había tratado de desarrollar armamento nuclear, hasta que el propio Franco lo detuvo por razones aún desconocidas.
Durante la Transición, las expectativas españolas empezaron a decrecer a la misma velocidad que el territorio nacional (abandono del Sáhara) y la paz social (terrorismo). En 1978, el número de reactores nucleares se redujo a una docena. Y ninguno de ellos sería construido por el estado, sino por empresas mediante sus recursos: beneficios y préstamos.
La sectaria izquierda española, dirigida por el PSOE, el partido reanimado por los servicios de información franquistas y el Departamento de Estado de EEUU para contar con una alternativa socialdemócrata y moderada frente al PCE, recurrió a la agitación contra la construcción de las centrales nucleares y el ingreso en la OTAN como medios de movilización social. El terrorismo de ETA cometió varios atentados contra Lemóniz (Vizcaya) y el personal que trabajaba en ella: cinco muertos.
El plan energético de los socialistas, que llegaron al Gobierno en 1982, consistía en promover el (pésimo) carbón nacional, extraído por mineros adictos, y el gas natural, hoy consideradas materias primas a erradicar del mix energético por su contribución al supuesto cambio climático. Sobre la energía nuclear, se quería la menos posible.
El PSOE cambia átomos por carbón y gas natural
Tan pronto como en 1983, el primer Gobierno de Felipe González ordenó una moratoria de la construcción de cinco centrales, que afectó, en primer lugar, a Lemóniz y a Valdecaballeros (Badajoz), que estaban casi acabadas. Se permitió la conclusión de Trillo I y Vandellós II, que entraron en funcionamiento en 1988. Entre 1983 y 1985 comenzaron a operar los reactores de Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II (Tarragona) y Cofrentes (Valencia).
Los posteriores planes energéticos elaborados por los socialistas cerraron la puerta a la energía nuclear de origen español, porque Francia, gobernada entonces por otro socialista, el presidente François Mitterrand (1981-1995), siguió levantando reactores; y, más tarde, empezó a vender electricidad a España a través de conexiones. Al concluir el mandato de González en 1996, nuestro país era dependiente no sólo del petróleo árabe, sino, también, del gas natural argelino.
Las empresas eléctricas exigieron compensaciones por sus proyectos que habían recibido la aprobación gubernamental y luego fueron anulados. En consecuencia, el PSOE aprobó en 1994 un recargo en la tarifa eléctrica de los usuarios particulares. Durante diecinueve años, entre 1996 y 2015, todos los españoles abonaron a Iberdrola, Endesa y Naturgy la cantidad de 5.717 millones de euros para pagar la decisión socialista. ¡Y algunos aseguran que el voto no tiene consecuencias en su vida!