La experiencia española demuestra que, tanto en dictaduras como democracias, en repúblicas o monarquías, en Estados unitarios o en cantones, las leyes solo las cumplen los que no tienen otra alternativa. Y basta ver el uso de los indultos y las amnistías hecho por todos los gobernantes. En España, sublevarse contra la nación o matar a un primer ministro no tienen tantas consecuencias como dejar de pagar impuestos, que esto es lo imperdonable para la oligarquía política y funcionarial, el privarla de recursos económicos.
El indulto supone el perdón de la pena, aunque sigue considerando culpable del delito a quien se beneficia de él, mientras que la amnistía implica, además del perdón, el olvido del delito. Dada esa diferencia, el indulto lo suele conceder el Gobierno mediante decreto y la amnistía la aprueba el Parlamento mediante una ley.
Socialistas revolucionarios y militares derrotados
Las amnistías se convierten en un problema político cuando son medidas tomadas en beneficio de individuos que han tratado de derrocar el régimen vigente mediante la violencia.
La primera de ellas se promulgó en 1918. En agosto de 1917, la UGT, la CNT y el PSOE trataron de derribar la Monarquía mediante una huelga general revolucionaria que recibió el apoyo de los republicanos y de los catalanistas de Francesc Cambó. Este golpe de Estado causó más de setenta muertos.
Los miembros del Comité de Huelga, Julián Besteiro, Daniel Anguiano, Andrés Saborit y Francisco Largo Caballero fueron juzgados en un consejo de guerra y condenados a cadena perpetua por delito de sedición. Las fuerzas políticas que impulsaron la huelga general promovieron una campaña de solidaridad y una coalición de izquierdas les incluyó en sus listas para las elecciones de febrero de 1918. En mayo de 1918, las Cortes aprobaron la amnistía para esos diputados sediciosos y muchos más implicados.
Uno de los jefes de esa Alianza de Izquierdas era el republicano Melquiades Álvarez, que en 1936 fue asesinado por los ‘incontrolados’ de costumbre cuando estaba bajo la protección del Gobierno del Frente Popular, formado por socialistas.
Después del golpe de Estado de septiembre de 1923, el Directorio Militar presidido por el general Primo de Rivera, un decreto de 4 de julio de 1924 concedía amnistía a cientos de personas. Junto a los afectados por delitos y faltas de opinión y los destierros ordenados por los tribunales y el Gobierno, aparecían militares implicados en el Desastre de Annual. El nuevo régimen trataba de aumentar su popularidad con una medida de gracia.
El general Dámaso Berenguer, designado presidente del Gobierno por Alfonso XIII después de la dimisión de Primo de Rivera en enero de 1930, aprobó en febrero una amnistía, de la que los principales agraciados fueron los artilleros sublevados en Ciudad Real en junio de 1929, ya que se les reintegró a sus empleos. Los conspiradores civiles tenían el riñón bien cubierto. Uno de los cabecillas, el político conservador José Sánchez Guerra, había sido gobernador del Banco de España dos veces.
La derecha también recurre a ella
La Segunda República se estrenó con una amplísima amnistía, dada mediante un decreto el 14 de abril, que puso en las calles españolas no sólo a conspiradores políticos, sino, además, a muchísimos delincuentes. La Constitución de 1931 reguló las amnistías (reservadas a ley) e indultos en su artículo 102.
El general José Sanjurjo fue condenado a muerte por su sublevación en agosto de 1932; el año anterior había sido decisivo como director general de la Guardia Civil para el triunfo de la República. Sin embargo, Alcalá Zamora, jefe del Estado, y Manuel Azaña, presidente del Gobierno, que en 1930 habían participado en la conjura que condujo a la sublevación de Jaca, le indultaron y rebajaron la pena a cadena perpetua.
Las Cortes de mayoría derechista de 1933 aprobaron una ley de amnistía en abril de 1934 (presentada por el Gobierno de Lerroux) que permitió el regreso de José Calvo Sotelo, exiliado para escapar de las represalias por haber sido ministro de Primo de Rivera, el retorno de docenas de deportados por Azaña en virtud de la Ley de Defensa de la República y la liberación de Sanjurjo. Éste incluso recuperó su grado y su sueldo. Luego se instaló en Portugal, donde volvió a dedicarse a la conspiración. Murió el 20 de julio de 1936 cuando se estrelló el avión en el que iba a volar a Burgos.
Después de la conquista del poder por parte del Frente Popular, mediante el fraude electoral primero y las algaradas callejeras después, el Gobierno nombrado ilegalmente por Alcalá Zamora y presidido por Azaña aprobó un decreto-ley de amnistía para los condenados por la revolución de octubre, en la que murieron en torno a 1.400 personas. El 21 de febrero, incluso los diputados de derechas de la Diputación Permanente convalidaron el decreto-ley con la esperanza de calmar los disturbios.
Gracias a esta amnistía volvió a España el socialista Indalecio Prieto, que había huido para evitar su encausamiento por el golpe de Estado de 1934 (tercera huida de España, después de 1917 y 1930; la cuarta y última ocurrió en 1938). La medida de gracia permitió el reingreso de funcionarios expulsados por su implicación, como los oficiales Fernando Condés y José Castillo, y de empleados en las empresas donde habían practicado la violencia y hasta asesinado al propietario.
La amnistía también alcanzó a los golpistas de la Generalidad, incluso al comandante Pérez Farrás, jefe de los Mozos de Escuadra que había iniciado los tiroteos el 6 de octubre. Lluís Companys, condenado a treinta años, no había cumplido ni dos de ellos cuando regresó a Barcelona. Después, presidió la Generalidad durante la guerra, permitió matanzas y firmó docenas de penas de muerte. En 1940, fue condenado a muerte (por un tribunal formado por catalanes) y ejecutado.
Franco, el mayor indultador
El general Franco concedió diez indultos, cinco amnistías (tres de ellas por delitos monetarios y fiscales) y una prescripción de delitos anteriores al 1 de abril de 1939. De estas medidas, cuya lista completa doy en mi libro Eternamente Franco, se beneficiaron combatientes y dirigentes del bando izquierdista de la guerra, como Santiago Carrillo por la matanza de Paracuellos.
Jordi Pujol, encarcelado en Zaragoza en 1960, solicitó a Su Excelencia la aplicación del indulto de 1961, dado para conmemorar el XXV aniversario de la elección de Franco como jefe del Estado.
El franquismo encargó a la jurisdicción militar la represión de los delitos de terrorismo, en vez de a la penal ordinaria, lo que llevó a situaciones absurdas como el famoso consejo de guerra celebrado en Burgos en 1970. Los militares dictaron seis condenas de muerte por tres asesinatos, pero la movilización nacional y extranjera, y de la propia Iglesia, forzó al Gobierno a conceder el indulto a los etarras. Una absurda combinación de dureza y clemencia que no convencía a nadie.
En octubre de 1977, esos condenados, junto con más terroristas, fueron liberados. La amnistía aprobada por las Cortes Constituyentes abarcaba a "los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976". Es decir, asesinatos. Los asesinos salieron libres y los muertos siguieron en sus tumbas.
La democracia libera a etarras
Al año siguiente, la Constitución prohibió los indultos generales y las amnistías. Desde entonces, a los Gobiernos sólo les quedó el indulto individual como medida de gracia. Y lo han usado con abundancia. Los indultos aprobados superan los 10.000. Los han recibido el general Alfonso Armada, implicado en el oscuro golpe del 23-F, los socialistas José Barrionuevo y Rafael Vera, encarcelados por un secuestro realizado por los GAL, docenas de políticos, empresarios y funcionarios condenados por corrupción, un famoso banquero, muchos condenados a penas bajas por narcotráfico (mulas y camellos), terroristas de Terra Lliure y algunos delincuentes con abogados muy hábiles.
Después de afirmar durante años que la amnistía era inconstitucional, las izquierdas políticas la han aprobado en las Cortes y las izquierdas tertulianescas la han defendido, con argumentos como los de "la reconciliación y la concordia" y "los conflictos políticos se resuelvan por vías políticas y democráticas". Todo porque Pedro Sánchez necesitaba los siete votos de los diputados del partido Junts.
Esta ley de amnistía quiebra la Constitución, premia a quienes atentaron contra la Nación, humilla a los catalanes no separatistas, castiga a los funcionarios (policías, jueces, fiscales…) que participaron en la aplicación de la ley y establece la impunidad para la clase política y sus lacayos.
Aparte del daño legal que supone la instauración de un nuevo motivo de desigualdad entre los españoles, la nueva amnistía no va a traer la paz. La experiencia enunciada confirma que, se trate de Sanjurjo, de Companys o de pistoleros etarras, los indultos y amnistías a condenados por actos políticos violentos no sirven de nada. Los liberados ni se arrepienten ni agradecen los perdones. En el mismo debate celebrado el 30 de mayo en el Congreso, antes de la votación, los diputados cómplices de los golpistas se jactaron de su "victoria" y anunciaron la derrota de la nación española.
La amnistía despoja al Estado de armas para defenderse y defender a los ciudadanos. Y los corderos solos en el bosque atraen a los lobos.