¿Separa usted la basura en distintas bolsas y la guarda en casa hasta que toca el día de recogida correspondiente?, ¿se ha hecho vegetariano para dejar de comer carne y así reducir el calentamiento global por la emisión de pedos del ganado?, ¿desenchufa el aire acondicionado para disminuir su huella de carbono? Enhorabuena, es usted un pazguato obediente a la ONU, a Bill Gates y al Ministerio para la Transición Ecológica español, pero sepa que sus sacrificios no sirven de nada. Las Administraciones españolas ensucian mucho más de lo que usted puede ‘descontaminar’ en toda su vida, y no me refiero a los gases de ese Falcon que tanto usa Pedro Sánchez.
Así fue la historia
El 28 de julio de 2020, un tren de mercancías que hacía el recorrido entre Monforte (Lugo) y una cementera en Toral de los Vados (León) descarriló en Carballeda de Valdeorras (Orense). El convoy estaba compuesto por la máquina y 21 vagones vacíos, de los que 11 se salieron de la vía, situada en un alto sobre el río Sil.
Una semana después, y ante la dificultad que suponía la recuperación de los coches, la cuadrilla que trabajaba en la retirada de los vagones decidió abandonar los procedimientos habituales y ecológicos. Y, para despejar la vía optó, por un método expeditivo, aunque muy poco sostenible: una excavadora arrojó dos de los vagones al río Sil. La cuadrilla de operarios dependía de la empresa pública Adif, entonces presidida por la ingeniera Isabel Pardo de Vera.
Los guardias civiles que vigilaban las labores no realizaron denuncias ni diligencias por infracción medioambiental. Contrasta semejante conducta con la puntillosidad de los agentes y los funcionarios de la Xunta en los pueblos gallegos a la hora de aplicar las normas medioambientales.
La barbaridad se conoció gracias a los vecinos que la grabaron con sus móviles y la difundieron en las redes sociales, ésas que según Pedro Sánchez y sus acólitos son "máquinas de fango".
La Xunta de Galicia, presidida entonces por Alberto Núñez Feijóo, le impuso a Adif una multa de 45.000 euros; y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, entonces dirigido por Teresa Ribera, otra de 10.000 euros. En total, 55.000 euros. Aquí vemos otra muestra de la ley del embudo con la que los funcionarios y políticos aplican el ordenamiento jurídico.
Un supermercado o un restaurante que no cuente con un plan de prevención y reducción del desperdicio y los residuos alimentarios puede ser multado con hasta 60.000 euros, según la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Y la presentación de un libro que la Administración considere que "incita a la exaltación personal o colectiva" del bando nacional de la guerra civil puede acarrear otra multa, de hasta 150.000 euros.
Por último, el trabajador de una empresa de electrodomésticos que en 2019 subió a las redes sociales un vídeo en el que lanzaba una nevera por un barranco, fue despedido y multado con 45.000 euros.
Las tres anteriores son conductas que el Estado persigue con dureza. Arrojar vagones a un río si lo hace una empresa pública, en cambio, es una minucia. Todo queda entre políticos y, encima, la multa la pagan los contribuyentes.
¿Y qué le ocurrió a la presidenta de Adif?
Isabel Pardo de Vera, cuya hermana, Ana, es una habitual de las tertulias radiofónicas y televisivas, donde defiende con uñas y dientes a Sánchez y al PSOE, fue uno de los primeros nombramientos del Gobierno socialista, tras la moción de censura de hace 7 años. Entre el 30 de junio de 2018 y el 28 de julio de 2021 presidió Adif, empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, encargada del mantenimiento de las estaciones y de la red ferroviaria. Después de la pandemia, Adif recibió 4.351 millones de euros de los fondos Next Generation.
El siguiente cargo de la ingeniera en el Gobierno de Sánchez fue la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, donde cobraba 123.000 euros brutos anuales, según el Portal de Transparencia, hasta el 22 de febrero de 2023.
El escándalo de una treintena de trenes encargados al fabricante CAF para la red de Cercanías de Asturias y Cantabria que rebasaban la altura de las bóvedas de varios túneles supuso su salida de la Administración.
Después de tratar de colocarse en otros empleos en el sector privado, en marzo de 2025 se incorporó como asesora en el área de digitalización al grupo constructor ACS, uno de cuyos clientes en España es Adif, pero en mayo, el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional le citó como investigada por delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en relación con la contratación de la prostituta del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez en dos empresas públicas, Ineco y Adif.
La alegría en la casa del progresista dura poco, sobre todo si se es muy torpe y se ha dejado grabar.