A muchos políticos, quizás a la mayoría, no les gustan los periodistas, a menos que escriban lo que ellos les dictan. Jordi Pujol enviaba a La Vanguardia de los Godó entrevistas hechas a sí mismo y se irritaba cuando el servicial director, en un minúsculo gesto de rebeldía, le cambiaba el titular. Como tantos ilustrados, Thomas Jefferson apoyaba la libertad de expresión siempre que no manchase su merecidísima honra: fue el primer presidente de Estados Unidos del siglo XIX que amenazó a unos periodistas con juicios. Y el pío Alcide de Gasperi metió en la cárcel al periodista Giovanni Guareschi, creador de los universales Don Camilo y Peppone. La otra cara de esta situación la forman los periodistas que arremeten contra los políticos que no les dan exclusivas o que aceptan convertirse en peones del mandamás de turno, casos ambos que describe Cayetana Álvarez de Toledo en su libro Políticamente indesable.
Ruedas de prensa sin preguntas
La izquierda española detesta a quienes no puede controlar, como comprobamos en las campañas feroces contra los tribunales que dictan sentencias que le irritan, sean las condenas a los parlamentarios Isabel Serra y Alberto Rodríguez, o las declaraciones de inconstitucionalidad de los estados de alarma de 2020. También lo comprobamos en las campañas contra la libertad de prensa. Un diputado perfectamente definido por su apellido no sólo se niega a contestar a un periodista de la televisión 7NN en una rueda de prensa en el Congreso (nadie le obliga a Rufián a darla, pero si se sube a la tarima se supone que tendría que contestar a las preguntas que le hagan), sino que, encima, le insulta. El último episodio contra la libertad de prensa, o sea, contra los periodistas incómodos para los poderosos ha consistido en un escrito a la presidencia del Congreso (la misma que cerró presurosa la Cámara el año pasado) para que devuelva el "decoro" a la relación entre políticos y ‘plumillas’. Entre los firmantes de ese texto propio de una república bananera se hallan los jefes de comunicación del PSOE y de ERC. Muy apropiado, porque los socialistas y los republicanos catalanistas participaron en el mayor cierre de diarios de la historia de España.
Ministros del PSOE y de ERC
El 10 de agosto de 1932, se produjo la ‘sanjurjada’, el último pronunciamiento decimonónico. El mismo general que había contribuido a traer la República como director general de la Guardia Civil se sublevó en Sevilla y Madrid. El Gobierno, presidido desde octubre anterior por Azaña, conocía los planes de Sanjurjo y venció sin problemas el cuartelazo. Azaña aprovechó la ocasión para aplicar la terrible Ley de Defensa de la República (vigente desde octubre anterior), que daba al gobierno un poder inmenso para reprimir a la oposición y perseguir a los ciudadanos que se le antojasen. Respecto a la prensa, el Gobierno republicano, en el que había tres ministros socialistas (Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos) y uno de ERC (Carner Romeu), ordenó el cierre de docenas de periódicos. Desde semanas antes de la ‘sanjurjada’, según el periodista Julián Cortés Cavanillas, estaban suspendidos La Correspondencia, El Imparcial, El Popular, El Mundo y Mundo Obrero, todos editados en Madrid.
La lista de las publicaciones cerradas por orden gubernamental, sin que lo decidiera ningún juez, la hizo Justino Sinova (La Prensa en la Segunda República española. Historia de una libertad frustrada). En total, 127 periódicos. La mayoría, por no decir la totalidad, de las cabeceras eran de derechas, católicas, tradicionalistas/carlistas y monárquicas. El único punto común entre ellas no era su implicación en la rebelión militar (inexistente, como se comprobó al no producirse procesamientos), sino su línea editorial desfavorable al Gobierno. Había semanarios de humor como Gracia y Justicia, revistas como Blanco y Negro dedicadas a la moda, las variedades y el cotilleo, y publicaciones de pensamiento con difusión muy reducida como Acción Española.
La suspensión, que en varios casos duró hasta meses, afectó a cabeceras que existen hoy, como ABC, Las Provincias de Valencia, El Adelantado de Segovia, El Ideal de Granada, La Verdad de Murcia, Diario de Jerez, El Día de Palencia, La Gaceta Regional de Salamanca, El Correo de Andalucía, Diario Montañés de Santander, El Pueblo Vasco de Bilbao, El Diario de Ávila y el Diario de Navarra, entre otros. Se trató del mayor cierre de periódicos ordenado jamás por un Gobierno español. ‘ABC’, cerrado por más de cien días ABC, bestia negra de los republicanos por su carácter monárquico, fue suspendido el 10 de agosto por la noche y reapareció el 30 de noviembre. En el editorial de ese día, el periódico se quejó de la dureza de la medida, tomada por un Gobierno supuestamente democrático:
"La suspensión gubernativa de ABC ha durado nada menos que tres meses y medio, ¡quince semanas! Ni en los tiempos de Calomarde, ni en los de Narváez, ni en los de Primo de Rivera... Durante todos los gobiernos de seis reinados y de dos repúblicas se aplicó jamás a un periódico una sanción gubernativa tan dura sin justificación legal."
En una medida admirable, la empresa mantuvo el pago de los salarios de sus trabajadores, aunque carecía de ingresos: 837 obreros de talleres, 67 redactores y 81 empleados. El 20 de julio de 1936, el ABC fue incautado por la UGT y regresó a sus propietarios el 29 de marzo de 1939. Recientemente, en una muestra de que la superioridad moral del Imperio Progre sólo es posible porque la llamada derecha la acepta, un columnista en ABC elogió a ese Azaña que encarceló al editor y director Juan Ignacio Luca de Tena y que, como presidente de la República, permitió el asesinato de docenas de redactores, colaboradores, empleados y suscriptores del diario.
El último atropello a la libertad de prensa en la II República antes de la guerra ocurrió en julio de 1936, cuando se conoció el secuestro y asesinato del diputado José Calvo Sotelo por un comando terrorista formado por policías y militantes socialista. El Gobierno del Frente Popular prohibió a la prensa que lo calificase de asesinato, so pena de multa. Las repetidas sanciones y persecuciones contra los periódicos por parte de los Gobiernos de la República convirtieron en una burla el artículo 34 de la Constitución de 1931:
"Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura. En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino en virtud de mandamiento de juez competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico, sino por sentencia firme."
Entre los censores de las redes sociales y de los partidos políticos, parece que le va a ocurrir otro tanto al artículo 20 de la Constitución de 1978.
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