El accionista mayoritario del Real Zaragoza SAD, Agapito Iglesias, ha llegado a un acuerdo ante notario con el grupo de empresarios que lidera Mariano Casasnovas para venderle su paquete de acciones de casi el 95 por ciento.
La negociación para la venta de la Sociedad Anónima Deportiva se ha prolongado durante varias semanas con varios grupos interesados en su compra, en las que las distintas partes aseguraban estar muy cerca del acuerdo aunque finalmente ha sido el empresario zaragozano el que ha cerrado el acuerdo.
Casasnovas ha asegurado que ha llegado al acuerdo con Iglesias en una notaría en Madrid y que en las próximas horas emitirá un comunicado en el que expondrá los detalles de la operación.
La venta de la entidad zaragocista pone punto y final a los poco más de ocho años, cumplidos el pasado 26 de mayo, que han pasado desde que Alfonso Soláns Soláns vendió toda su participación, heredada tras la muerte de su padre, a los constructores Agapito Iglesias y Emilio Garcés, aunque este último terminó renunciado a los pocos días.
A pesar de haber ratificado ante un fedatario público sus intenciones de compra-venta el grupo de Mariano Casasnovas y Agapito Iglesias, ahora será el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, el que deberá autorizarla.
Entre otras propiedades, Agapito Iglesias presentó sus acciones del Real Zaragoza SAD como parte del aval para hacer frente a la fianza solidaria de 18,8 millones impuesta, el pasado mes de febrero, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, entre otros.
El empresario soriano y otras tres personas están encausadas por su presunta responsabilidad civil en el sobrecoste millonario en la construcción de unas naves en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), una de las más grandes de España. Este mismo Juzgado acordó el pasado 7 de mayo retener el dinero que obtenga Agapito Iglesias de la supuesta venta de sus acciones de la entidad futbolística, con el fin de que haga frente a la fianza impuesta por el citado presunto delito de malversación de caudales públicos.
Una vez autorizada la venta de las acciones al grupo de Mariano Casasnovas, ahora tanto la Liga de Fútbol Profesional (LFP) como el Consejo Superior de Deportes (CSD) deberán dar el visto bueno a la operación.