El titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha denunciado la "estructura clientelar" creada por el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, para beneficiar de forma recurrente al F.C. Barcelona.
En un auto de 16 páginas con fecha 27 de septiembre, que forma parte del sumario del caso Negreira al que ha tenido acceso Libertad Digital, el instructor autorizó la entrada y registro de la sede del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española en la Ciudad del Futbol de Las Rozas de Madrid, que se produjo al día siguiente para recabar diversos documentos arbitrales relacionados con la causa.
El juez justifica la entrada y registro en el CTA en estos términos: "La excepcionalidad y necesidad también se consideran fundamentadas dado que se investiga a un vicepresidente, el investigado Enríquez Negreira, del Comité Técnico de Árbitros de la RFEF, por haber recibido dinero de un club deportivo, el F.C. Barcelona, por influir en la designación de los árbitros de las competiciones oficiales de fútbol, nacionales e internacionales, en los ascensos y descensos de árbitros y en la determinación de los árbitros internacionales, lo cual podría haber producido como resultado una alteración en la igualdad de oportunidades entre los equipos de fútbol participantes en las competiciones, y ello aprovechando su influencia en la realización de las actividades públicas debidas a su cargo de vicepresidente".
"La diligencia de entrada y registro resulta idónea para el hallazgo de documentos (en papel o soporte electrónico) que permitirían conocer la gestión del estamento arbitral que se realizaba por los miembros del CTA mediante la obtención de los informes, actas, designaciones, ascensos y descensos de árbitros, y las asignaciones de éstos para partidos internacionales, mediante los cuales se podrá objetivar la materialización de los beneficiados y el impacto económico y/o incremento patrimonial que tales designaciones pudieran haber producido", añade.
Según el juez dicha entrada y registro también permitiría "obtener documentación de la contratación directa e indirecta de las personas o empresas contratadas por la RFEF o el CTA para impartir formación o ponencias en materia de coach deportivo a los árbitros en las jornadas físico-técnicas convocadas oficialmente. Además, de cualquier otra información o documento de la cual en este momento se desconoce su existencia pero que su obtención permitiría esclarecer el entramado de las actividades ilícitas desarrolladas por los investigados".
"Se considera que la gravedad de los hechos justifica esta medida. Así, descubrir una supuesta estructura clientelar desarrollada por el investigado Enríquez Negreira que deriva en beneficiar de forma arbitraria y recurrente a una persona jurídica, el F.C. Barcelona, podría ayudar a conocer el destino final de una gran parte del dinero recibido por el investigado Enríquez Negreira y utilizado por éste mediante disposiciones en efectivo de dinero desconocido y cuya utilización no se corresponde con el patrimonio actual del investigado", destaca el auto.
"Los indicios existentes son muy intensos"
El juez Aguirre apunta que "el principio de proporcionalidad se cumple sobradamente dado que se investiga los delitos continuados de cohecho y/o corrupción deportiva, blanqueo de capitales y falsedad documental, castigado el de cohecho con hasta 9 años de prisión y de 9 a 15 años de inhabilitación especial, realizados de manera continuada en el tiempo de tal forma que parece haber constituido una manera propia de actuación de parte de un miembro relevante, un vicepresidente, del Comité Técnico de Árbitros, siendo éste Comité el responsable de la organización y asignación arbitral para las competiciones deportivas nacionales de futbol".
"Es decir, que hablamos de corrupción de un responsable de realizar actividades públicas en el seno de una federación deportiva, la RFEF. Además, los indicios existentes son muy intensos como se ha puesto de relieve más arriba, algunos de los hechos no han sido negados y sí han sido acreditados documentalmente", sostiene el auto.
Por último, el instructor subraya que "los indicios de la gravedad de los hechos delictivos que se habrían cometido resultan reveladores de conductas graves que pueden llegar a ser muy perjudiciales para el conjunto de la sociedad, como es el hecho de la manipulación de las clasificaciones internas de los árbitros y también las designaciones arbitrales con objetivos distintos a ofrecer una actuación imparcial y ecuánime para todos los participantes, por lo que la entrada y registro queda justificada".