LD (EFE)
Por cierto que la juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, ha adelantado al próximo 24 de marzo la citación del ex consejero delegado del SCH, a quien interrogará como imputado por el cobro de 108 millones de euros tras su salida del banco. Esta comparecencia estaba prevista inicialmente para el 3 de abril.
El importe total satisfecho por el banco por los compromisos de pensiones de Corcóstegui ascendió a 108 millones de euros, de los que 52 millones se ingresaron en el Tesoro Público en concepto de retención fiscal y el resto se pagó al interesado. El vicepresidente del SCH, Matías Rodríguez Inciarte, insistió, durante la presentación de esta Memoria, en que el pago realizado a Angel Corcóstegui -que ocupaba en el banco las responsabilidades de vicepresidente y consejero delegado- es "exclusivamente" en concepto de pensión, sin ningún tipo de "bonus". Lo elevado de esta cantidad se debe al contrato firmado por Corcóstegui con el SCH, que le impedía trabajar en banca durante 10 años si abandonaba esta entidad financiera.
"Tras este pago quedaron definitivamente extinguidos y liquidados todos los compromisos asumidos por el banco con el anterior vicepresidente primero y consejero delegado, excepción hecha del gasto de su servicio de seguridad personal hasta el 13 de febrero de 2003", añadió el vicepresidente del banco. Los 108 millones de euros, dijo Rodríguez Inciarte, corresponden a los derechos acumulados por Corcóstegui en "su larga carrera bancaria" y añadió que el banco tenía provisionada esta cantidad en su totalidad, con lo que la salida del banco de Corcóstegui no ha tenido ningún efecto económico adverso para la entidad.
El pago realizado a Corcóstegui por la entidad que preside Emilio Botín está siendo investigada por la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, a raíz de una denuncia presentada por el ex consejero de Banesto y accionista del SCH Rafael Pérez Escolar. La denuncia señala que esta indemnización sería constitutiva de un delito societario o de apropiación indebida, por el "indudable y grave perjuicio causado a todos los accionistas del banco".
Esta investigación se ha unido, a principios del mes de marzo, a otra que instruye la juez Palacios y que se refiere al pago de 43,7 millones de euros al ex presidente del banco José María Amusátegui. En este sentido, Rodríguez Inciarte dijo que el caso de Amusátegui es diferente en la forma al de Corcóstegui, ya que el ex presidente sí recibió un "bonus" -además de la jubilación. Inciarte insistió en que el "bonus" de Amusátegui estaba decidido desde el momento de la fusión entre el Santander y el Central Hispano, como servicios prestados a lo largo de su carrera y porque ya se sabía que iba a dejar la presidencia.
El importe total satisfecho por el banco por los compromisos de pensiones de Corcóstegui ascendió a 108 millones de euros, de los que 52 millones se ingresaron en el Tesoro Público en concepto de retención fiscal y el resto se pagó al interesado. El vicepresidente del SCH, Matías Rodríguez Inciarte, insistió, durante la presentación de esta Memoria, en que el pago realizado a Angel Corcóstegui -que ocupaba en el banco las responsabilidades de vicepresidente y consejero delegado- es "exclusivamente" en concepto de pensión, sin ningún tipo de "bonus". Lo elevado de esta cantidad se debe al contrato firmado por Corcóstegui con el SCH, que le impedía trabajar en banca durante 10 años si abandonaba esta entidad financiera.
"Tras este pago quedaron definitivamente extinguidos y liquidados todos los compromisos asumidos por el banco con el anterior vicepresidente primero y consejero delegado, excepción hecha del gasto de su servicio de seguridad personal hasta el 13 de febrero de 2003", añadió el vicepresidente del banco. Los 108 millones de euros, dijo Rodríguez Inciarte, corresponden a los derechos acumulados por Corcóstegui en "su larga carrera bancaria" y añadió que el banco tenía provisionada esta cantidad en su totalidad, con lo que la salida del banco de Corcóstegui no ha tenido ningún efecto económico adverso para la entidad.
El pago realizado a Corcóstegui por la entidad que preside Emilio Botín está siendo investigada por la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, a raíz de una denuncia presentada por el ex consejero de Banesto y accionista del SCH Rafael Pérez Escolar. La denuncia señala que esta indemnización sería constitutiva de un delito societario o de apropiación indebida, por el "indudable y grave perjuicio causado a todos los accionistas del banco".
Esta investigación se ha unido, a principios del mes de marzo, a otra que instruye la juez Palacios y que se refiere al pago de 43,7 millones de euros al ex presidente del banco José María Amusátegui. En este sentido, Rodríguez Inciarte dijo que el caso de Amusátegui es diferente en la forma al de Corcóstegui, ya que el ex presidente sí recibió un "bonus" -además de la jubilación. Inciarte insistió en que el "bonus" de Amusátegui estaba decidido desde el momento de la fusión entre el Santander y el Central Hispano, como servicios prestados a lo largo de su carrera y porque ya se sabía que iba a dejar la presidencia.