(Libertad Digital) Domingo López Alonso, de noventa y dos años de edad, proviene de una familia de ganaderos de Los Ancares leoneses y pasó por varias dedicaciones –minero, político y editor del periódico “El Imparcial”, que dirigiera Emilio Romero, y posteriormente Julio Merino– hasta que desembarcó en el mundo de la banca. Sin embargo, en los comienzos de la democracia, allá por finales de los años setenta, su principal insignia, el Banco de Valladolid, fue intervenida para “evitar su quiebra”. El razonamiento era la concentración de riesgos –amén de cajas B contables y demás–, al estilo de la posterior de Rumasa. López Alonso pactó con Corporación Bancaria la venta de su 63 por ciento y avaló el banco con sus propiedades. Tras su saneamiento, se decidió su venta. Este tipo de operaciones era una de las pocas opotunidades que la Banca extranjera tenía para entrar en España.
La historia de la intervención se justificó de la siguiente manera. Más del 55 por ciento de los créditos del Banco de Valladolid estaban concedidos a 12 grupos económicos y 36 sociedades, que en buena parte eran propiedad de allegados de López Alonso. Además, según informaba el Banco de España –presidido por Mariano Rubio– y recoge el diario Expansión, el Valladolid mantenía una “caja extracontable” –una caja B– de ocultación de operaciones. Según el Fondo de Garantía de Depósitos, los bienes embargados a López Alonso no dieron para cubrir las deudas ocasionadas al banco, que tras un saneamiento de 65,6 millones de euros pagados por el FGD, fue vendido al Barclays en 1981 por 800 millones de pesetas. López Alonso lo consideró un atraco y empezó los procedimientos judiciales contra el Barclays y el FGD, aunque la entidad británica estaba eximida de responsabilidades.
Como dato curioso, la sede del Banco Valladolid estaba situada en la plaza de Colón, a escasos metros de Rumasa, que algunos años después correría una suerte similar. Pero Rumasa también aparece en cierta manera en la operación. Según contaba este lunes El Diario de León, Domingo López Alonso, salió el 2 de diciembre de 1978 de su sede central de la plaza de Colón con 602 millones de pesetas “de mi caja particular” metidos en dos maletas. Según confiesa el leonés, guardó durante varios meses el dinero en una caja de caudales de Fichet sobre una plataforma de madera en uno de los cuartos de baño de la oficina que mantenía en la madrileña calle de Serrano hasta que una gran parte se la entregó a José María Ruiz Mateos a cambio de unas letras.
Por este caso, la Audiencia Nacional le condenó –junto a Ruiz Mateos– a cuatro meses de arresto por la supuesta sustracción de Rumasa de las letras con las que el empresario jerezano se hizo cargo de los 400 millones en metálico que le entregó el leonés en 1981. López Alonso sostiene su inocencia: “Las letras eran mías, las puse yo, los pagarés los hice yo en mi máquina, en la misma que he cubierto las letras...”, tal y como reproduce El diario de León. A esta fecha, y a falta de la correspondiente resolución de los recursos, el empresario ya ha cobrado los 26 millones de euros del primer auto del juez Ebile del año 2003.
Pero la historia de López Alonso se remonta a hace muchos años, cuando el joven castellano comenzó a hacer fortuna durante los años de la dura posguerra con el negocio de distribución y transporte del carbón con ayuda de un Gobernador civil llamado Carlos Pinilla, al que convenció de vender el mineral en la provincia de Zamora con un sobreprecio de 29 pesetas por tonelada, según describe una noticia del diario de la zona. Las causalidades de la vida hicieron que el citado Carlos Pinilla ascendiera hasta el puesto de subsecretario de Trabajo –tras dejar su puesto de Gobernador de Léon– con la sonrisa del régimen, José Antonio Girón. Las prebendas y sobres eran moneda común en los organismos públicos en aquellos años.