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ENTRA EN VIGOR EN 2012

‘La Caixa’ adapta sus Estatutos al nuevo marco normativo

La Asamblea General Extraordinaria de Lla Caixa aprobó ayer la adaptación de algunos artículos de sus Estatutos al Decreto Ley 5/2010, de modificación del Texto refundido de la Ley de Cajas de Ahorros de Cataluña.

La entidad adapta a la normativa catalana la composición de los distintos sectores representados en los órganos de gobierno de La Caixa, de tal forma que varía la composición de la Asamblea y de la Comisión de Control, aunque estos cambios no entrarán en vigor hasta la renovación de los órganos de gobierno que tendrá lugar en el año 2012.

Así, en la futura composición de la Asamblea, aumentará en 6 el número de representantes de los Impositores, hasta los 64 miembros, y se reducirá en 3 el de Corporaciones Locales, hasta los 31, y en otros 3 el de Entidades Fundadoras y de Interés Social, por lo que tendrán 45 representantes. En la Comisión de Control, los Impositores tendrán un representante más, con lo que contarán con un total de 4 miembros, mientras que las Entidades Fundadoras y de Interés Social tendrán dos miembros en 2012, uno menos que en la actualidad.

Tras la adaptación de los Estatutos y una vez se renueven en 2012 los órganos de gobierno de La Caixa, su composición será la siguiente:

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La entidad también establece en sus Estatutos que el ejercicio del cargo de miembro de los órganos de gobierno será incompatible con el de todo cargo político electo. Las personas que se vean afectadas por esta modificación, según recoge la Disposición Transitoria Sexta del Real Decreto-ley 11/2010, cesarán en el ejercicio de su cargo cuando finalice su mandato y, en cualquier caso, antes del 14 de julio de 2013.

Además, los nuevos estatutos añaden que la Asamblea General podrá acordar la transformación de la entidad en cada una de las posibilidades que abre la ley: el ejercicio indirecto de la actividad financiera de la caja a través de una entidad bancaria, la transformación en una fundación de carácter especial traspasando su negocio a otra entidad de crédito, y la creación de un sistema institucional de protección (SIP).

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