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LA DECISIÓN ES JURÍDICAMENTE VINCULANTE

La Comisión decide sobre la legalidad de las condiciones a Enel y Acciona

El Gobierno se enfrenta al último trámite en su enfrentamiento con la Comisión Europea a cuenta de la batalla por Endesa La CE tomará este miércoles una decisión sobre alegaciones que presentó el Gobierno para justificar las condiciones impuestas a la OPA de Enel y Acciona sobre Endesa y que ya fueron declaradas ilegales por Bruselas. En caso de confirmar su ilegalidad, la Comisión adoptaría una decisión jurídicamente vinculante que permitiría a cualquier empresa invocarla ante los tribunales españoles.

Noticia publicada el 05-12-2007

LD (Europa Press) Según indicó el portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, en la agenda de la reunión de la Comisión de hoy, miércoles, figura la toma de una decisión sobre las condiciones a la OPA en base al artículo 21 del reglamento de fusiones de la UE. Este artículo prevé que "la Comisión tendrá competencia exclusiva para adoptar las decisiones" en esta materia y que "los Estados miembros se abstendrán de aplicar su normativa nacional en materia de competencia a las concentraciones de dimensión comunitaria".
 
Con la decisión de este miércoles la Comisión aclarará si le parecen suficientes las explicaciones que le envió el Gobierno español el pasado 22 de octubre en defensa de las condiciones que impuso la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a Enel y Acciona para poder hacerse con Endesa.
 
El 21 de septiembre Bruselas había declarado ilegales 11 de los 12 requisitos al considerar que vulneran la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento. Entre las condiciones cuya legalidad cuestiona Bruselas se encuentran la que permite a la CNE revocar la autorización dada a la OPA si afecta negativamente al interés general, o la obligación de Enel de presentar cada año un informe detallado ante el regulador español en el que explique su estrategia corporativa en aspectos que afecten al interés general o a la seguridad pública española.
 
Otra de las condiciones recurridas por las compañías y también cuestionadas por Bruselas alude a que si en algún consejo de administración o junta de accionistas se adopta una decisión que afecte a la seguridad española con el apoyo de la italiana, el organismo regulador podrá en el plazo de un mes ordenar su revocación con el objetivo de prevenir los riesgos adicionales relacionados con los poderes especiales que ostenta el Gobierno de la República italiana en la eléctrica.
 
Por el contrario, la Comisión Europea sólo considera "justificada" una de las doce condiciones, la que hace referencia al requisito de garantizar el suministro de energía en casos de emergencia.
 



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