(Libertad Digital) Casi cuatro centenares de franceses entre los más emprendedores abandonan el hexágono a causa del impuesto sobre el patrimonio, pomposamente llamado “impuesto de solidaridad sobre la fortuna” (ISF). Se produce un proceso de “deslocalización” que desplaza las fortunas a países con fiscalidades más amables, como Gran Bretaña, Suiza, Luxemburgo o Portugal. El ISF comienza a gravar los patrimonios netos (descontada la deuda) a partir de un valor de 720.000 euros con un 0,55 por ciento, y a partir de los quince millones el tipo se eleva al 1,8 por ciento. El cálculo del valor del patrimonio se hace a partir del valor real de mercado, y no del escriturado.
Esto último es muy importante, especialmente teniendo en cuenta que la inflación hace crecer los valores nominales, de modo que sin un incremento de la riqueza real. De este modo, se ha incrementado la fiscalidad en los últimos años aunque no hubieran aumentado los tipos. No obstante sí lo han hecho, lo que hace que la incidencia del ISF sobre el capital de los franceses se ha incrementado claramente en los últimos años.
El aumento de la fiscalidad real ha aumentado los beneficios de “votar con los pies” e irse de Francia para afincarse en países con impuestos más moderados. También aumentan los beneficios derivados de ocultar el capital a Hacienda. Del mismo modo, se desincentiva la creación y acumulación de capital, que es lo que enriquece a una sociedad. El resultado de todo ello es que tras el aumento del tipo máximo del 1,5 al 1,8 por ciento, los ingresos no han aumentado, sino que se han estancado. Según el informe del Senado francés, el ISF ha agotado su capacidad recaudatoria, mientras que sus efectos sobre la economía y las finanzas públicas francesas son cada vez más perversos. Las fortunas que se desplazan a otros países dejan de tributar en Francia por la renta que generan. De modo que el efecto total sobre las arcas públicas francesas no está claro.